En la semana que termina se celebró el medio siglo de la Gran Marcha a Washington, una de las mayores manifestaciones políticas en la historia de los Estados Unidos a favor de los derechos civiles y económicos de la comunidad negra, que culminó con el justamente célebre discurso del reverendo Martin Luther King I Have a Dream.

El sábado pasado hubo una manifestación encabezada por el hijo de King y otros líderes negros que atrajo a decenas de miles al mismo parque en el centro de Washington que une al monumento a Lincoln en un extremo y al Capitolio en el otro con el gran obelisco que conmemora a George Washington en medio.

El miércoles el presidente Barack Obama y los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter presidieron en el mismo sitio otra manifestación igualmente nutrida, a pesar de que para ingresar al parque había que pasar engorrosas medidas de seguridad, y pronunciaron sendos discursos sobre la situación de los negros hoy en día.

El común denominador de estas tres marchas, la original de 1963 y las recordatorias, fue que se celebraron en paz y sin ningún acto de violencia, que pudo haberse justificado hace medio siglo pues prevalecía una discriminación contra la comunidad de color en todos los ámbitos, que era particularmente grave en el sur del país.

En la marcha original, que a diferencia de las conmemorativas no incluyó discursos oficiales, la administración del presidente John F. Kennedy temía que hubiera violencia, lo que dificultaría que se aprobara la legislación enviada al Congreso promoviendo la igualdad en los derechos civiles de todos los ciudadanos, la comunidad negra incluida, y daría argumentos a sus enemigos políticos para vetarla.

El contraste entre estas manifestaciones ocurriendo simultáneamente con las de los mal llamados maestros de la CNTE en la ciudad de México, no podría ser más impactante. En Washington nadie bloqueó calles, ni agredió a quienes hallaban en su camino, ni lanzó piedras y bombas molotov, ni quemó autos y rompió ventanas.

De hecho en EU no se concibe que manifestaciones como las que realizan los vándalos de la CNTE sean toleradas por las autoridades citadinas y por los mandos federales, que hasta el momento han cedido totalmente a su chantaje.
Afortunadamente para la agenda de México en EU la cobertura mediática en este país de la violencia en México ha sido relativamente modesta, en parte porque la atención está concentrada en Siria y los ataques con armas químicas que se le atribuyen al régimen de Bashar al-Asad, y sobre cuál será la reacción del gobierno de Obama.

Más preocupante aún es qué va a pasar con la agenda reformista que Enrique Peña Nieto ha venido planteando y consiguiendo la correspondiente aprobación legislativa. Es claro que la impunidad de los vándalos que no son objeto del menor castigo por violar numerosas leyes, genera incentivos para que continúen con su movimiento anti sistémico que persigue precisamente cancelar todas las reformas del gobierno.

Recuerdo que cuando los macheteros de Atenco marcharon por las calles de México impunemente y Vicente Fox canceló los planes de su gobierno para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad, yo llegué a la conclusión, que resultó profética, que se había terminado el sexenio a pesar de que le faltaban cuatro años.

¿Estamos ante la repetición de esa lamentable renuncia por parte del gobierno federal a ejercer su obligación constitucional de respetar y hacer respetar las leyes del país como ocurrió hace más de una década? Hasta ahora, solo se ha escuchado al secretario de Gobernación declarar que no habrá marcha atrás, pero nada más.

Lo que es aún peor, tanto el Congreso como instancias del Ejecutivo están negociando con los vándalos… ¿negociando qué? ¿Cómo puede negociar una autoridad legítimamente elegida para gobernar al país con una runfla de chantajistas que no representa sino sus aviesos intereses, que viola las leyes y toma como rehén a una ciudadanía indefensa y desamparada?

En adición, la actitud de apoyo y hasta de alianza del gobierno perredista del Distrito Federal con los forajidos debe llevar al gobierno federal a revisar sus planes, que se dice incluían hacer un estado del DF, y más bien dar marcha atrás para que la ciudad vuelva a ser cabalmente una dependencia federal.

La discordancia entre las marchas en las ciudades de México y Washington no podría ser más radical, diferencia que se explica por la decisión de las respectivas autoridades de hacer cumplir la ley o de no hacerlo en tácita o explícita complicidad con sus violadores.