México es un país de leyes. Sólo al nivel federal, además de la Constitución, hay 293 leyes y códigos, a las que agregar las leyes estatales y todos los reglamentos existentes en los tres niveles de gobierno. Muchísimas disposiciones legales, pero no por ello podemos afirmar que vivimos en un país en donde rige el estado de derecho. Por el contrario, sí podemos afirmar que vivimos en un “estado de chueco”. Los gobernantes, al asumir su cargo, juran cumplir y hacer cumplir las leyes, pero eso no se cumple a cabalidad. Parecería ser deporte nacional violarlas ante la pasividad y/o complicidad de las autoridades o, peor aún, que éstas son violentadas por las propias autoridades.

Diversos indicadores permiten afirmar que estamos muy lejos de vivir en un íntegro estado de derecho. Una alta penetración del crimen organizado, policías de autodefensa comunitaria, bloqueo de carreteras y aeropuertos, el Distrito Federal secuestrado y estrangulado por miles de maestros violando los derechos de terceros ante la pasividad del gobierno, una tasa de impunidad de más del 95% en la comisión de delitos del fuero común explicada por la ineficiencia y corrupción en la procuración y administración de justicia, persistencia de prácticas monopólicas y de apropiación de rentas, una alta incidencia de corrupción (de acuerdo Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción para México da una calificación de 3.4, lo que nos sitúa en el lugar 105 de 174 países), una muy deficiente protección de los derechos privados de propiedad (en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad obtenemos una calificación de 4.7, ocupando el lugar 72 de 125 países evaluados), alta tasa de evasión tributaria, empresas operando en la ilegalidad (mal llamada informalidad), 60% de los trabajadores sin acceso a la seguridad social y más, mucho más.

Todo esto cuesta mucho, particularmente en términos del desarrollo económico y el bienestar de las familias mexicanas. Se afirma que México tiene un enorme potencial de desarrollo. Una población joven, amplios recursos naturales, una posición geográfica envidiable al estar junto a la mayor economía del mundo y con un tratado de libre comercio, sólo compartida por Canadá, estabilidad macroeconómica, un sistema financiero sólido, etcétera. Pero todo ello de poco sirve si el arreglo institucional es notoriamente deficiente y si además las leyes vigentes no se cumplen. Por eso no sorprende que a pesar de su potencial, México se encuentre en el lugar 61 en el índice de Desarrollo Humano estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un PIB por habitante (ajustado por la paridad del poder de compra) de apenas 12,000 dólares anuales, lo que nos coloca como un país con un nivel de desarrollo medio, pero aún con una altísima incidencia de pobreza (53 millones, casi la mitad de la población, están en esa condición) y una muy notoria iniquidad en la distribución de la riqueza y, consecuentemente, del ingreso (el ingreso del decil más pobre representa el 1.8% del ingreso nacional mientras que el del decil de más altos ingresos absorbe el 35%).

No cumplir con las leyes, vivir en un “estado de chueco”, resulta en un juego de suma negativo, uno en donde la población en general pierde. Es claro que si aspiramos a llegar a ser un país con altos niveles de desarrollo es indispensable moverse del “estado de chueco” en el cual nos encontramos a uno en donde rija el estado de derecho.