En lugar de una reforma fiscal a fondo, que el país necesita y ha estado esperando desde hace muchos años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prefirió impulsar una nueva miscelánea fiscal, como tantas que se han hecho a lo largo de décadas en que se suben los impuestos de los que ya pagan y se deja libres a los que no.

El secretario de hacienda afirmó que se trata de una reforma justa en que pagarán más los que más ganan. Pero detrás de las palabras lo único que hay es una subida de impuestos a los cautivos.

La tasa de impuesto sobre la renta para personas físicas se eleva a 32 por ciento mientras que se eliminan buena parte de las deducciones de estos contribuyentes. Significativamente no se eleva la tasa de las empresas porque Hacienda sabe que es más fácil que las compañías cambien de residencia que las personas físicas. Con el aumento de la tasa y la eliminación de las deducciones, los causantes registrados sufrirán un aumento muy importante en su carga fiscal a pesar de que no reciben virtualmente ningún servicio del gobierno.

En lugar de homologar el IVA a una tasa más baja y competitiva, el gobierno está subiendo el impuesto en la frontera del 11 al 16 por ciento. Mantiene mientras tanto las exenciones y tasas cero de alimentos, medicinas, libros y otros productos que en conjunto representan casi el 50 por ciento del universo de recaudación. Claramente el gobierno quiso evitar las críticas de unas organizaciones reaccionarias que se dicen de izquierda y se oponen a que el impuesto al consumo tenga una mayor relevancia en la recaudación. El aumento en el IVA en la frontera provocará un desplome de la actividad formal ya que los comercios mexicanos no podrán ni siquiera acercarse en precios a los de Estados Unidos, donde el impuesto comercial es inferior al 8 por ciento.

El cobro de IVA a los alquileres y a la compra-venta de inmuebles profundizará el desplome del sector de vivienda. La eliminación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), un gravamen de control que obliga a pagar un impuesto mínimo a las empresas que siempre declaran en ceros o con pérdidas, le costará al erario 114,500 millones de pesos en recaudación que el gobierno ahora tratará de cobrar a las clases medias. La desaparición del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) acaba con el único gravamen que hasta ahora permitía hacerle mella a la economía informal.

El gobierno pretende recaudar más de 12 mil millones de pesos a las bebidas azucaradas, supuestamente para combatir el sobrepeso y la obesidad. La experiencia nos dice que los impuestos no reducen estas condiciones de salud pero sí generan una migración del consumo a la economía informal. Este impuesto puede terminar costando decenas de miles de empleos en la industria refresquera y en la producción de azúcar.

Quizá lo más penoso de esta miscelánea fiscal es que había esperanzas de que, una vez que el gobierno impulsó buenas reformas en materia educativa, laboral y financiera, propondría algo razonable en materia fiscal. Pero no. Peña Nieto regresó a los tiempos más oscuros del PRI: a subir impuestos y aumentar la deuda pública con el fin de crear programas sociales que siempre dejan más ricos a los políticos y que se convierten en esquemas de compra de votos.