Todo acto de corrupción tiene dos dimensiones: una ética y otra económica. Aquí nos referimos principalmente a su dimensión económica.

El acto de corrupción se da como producto de decisiones económicas de las partes involucradas: por un lado, el ciudadano o persona demandante de un bien o servicio y, por otro lado, el funcionario, empleado, servidor público o representante de la ley.

La corrupción es una decisión económica del ciudadano porque le resulta más económico, cómodo y fácil, dar el dinero al representante del gobierno, en vez de cumplir con una ley, un reglamento o una obligación fiscal, o de cualquier otro tipo, como ir ante un juez calificador al cometer una infracción de tránsito, por ejemplo.

Es una decisión económica del representante del gobierno, porque es más redituable llevarse al bolsillo un dinero aunque lo tenga que compartir con sus superiores, porque de otra forma no lo va a disfrutar.

La corrupción está sujeta a un proceso piramidal. Funciona de abajo hacia arriba y de la ventanilla a las oficinas de los jefes. Ningún funcionario público es tan honesto, tonto o ingenuo como para ignorar que se cometen actos de corrupción todos los días del año, en número de miles a lo largo y ancho del país. Esto es cierto aunque en la realidad ningún funcionario de ningún país del mundo lo va a aceptar, y siempre tendrán argumentos para tratar de convencer de que se está avanzando en el combate a la corrupción.

Esta pirámide tiene ciertas características:

• Es ilegal. No está en ningún organigrama o manual, pero es real, existe y funciona. Y funciona mejor, con mayor eficacia y eficiencia que los asuntos legales y formales. Es parte del mercado negro de la economía nacional de los países.

• Encarece la estructura de servicios del gobierno, porque utiliza tiempo, muebles, vehículos, equipos y dinero de los presupuestos públicos.

• Repercute en la calidad y cobertura de los servicios públicos.

• Obstaculiza la economía del país porque distrae recursos de las actividades, funciones y servicios que el gobierno está obligado a prestar al ciudadano.

• Tiene serias implicaciones morales en la población, porque daña el tejido social de una nación, un estado, una ciudad, un pueblo. Desalienta el trabajo honesto y propicia las actitudes negativas, irresponsables y destructivas de los ciudadanos y sus familias.

La corrupción no sólo tiene forma de mordida, dádiva, soborno, coima, embute, gratificación, chayote, cooperacha o como se le quiera llamar, sino que adquiere muchas formas como lo son la omisión en la prestación de un servicio, la ineficiencia en su prestación, la negligencia, el otorgar el servicio o el bien a destiempo.

La tecnología teóricamente puede ayudar a combatir la corrupción al poner en forma expedita y fácil la información que el ciudadano necesita.

Se sabe de miles de operaciones que pueden ser agilizadas y mejoradas con la tecnología pero no lo son por restricciones sindicales o laborales, aun cuando ya se disponga de los equipos para mejorar la eficiencia, la precisión y la rapidez en el otorgamiento del servicio.

¿Soluciones?

La corrupción se puede combatir a dos niveles. A nivel personal, no prestándose al acto de corrupción, no propiciarla, no aceptarla, no tolerarla.

A nivel social, organizándose en asociaciones civiles, en comisiones de transparencia, a través de las cuales se pueden exigir honestidad y claridad en el manejo de recursos públicos y en la prestación de servicios de igual naturaleza. En países avanzados son eficaces las uniones de usuarios o consumidores, mediante las cuales los consumidores con frecuencia logran mediante el boicot la reconsideración del oferente del servicio respecto del precio, la calidad o las condiciones de la entrega.

También mucho se pude avanzar en el combate a este pernicioso cáncer social, mediante la educación, ya sea ésta escolarizada o la que se imparte en el hogar.