En materia de reformas el gobierno de Peña Nieto ha dado resultados mixtos, sobre todo si tomamos en cuenta, no las reformas propuestas (que han sido todas las que se venían señalando: laboral, educativa, telecomunicaciones, financiera, energética y fiscal), sino el contenido de las reformas aprobadas (que en algunos casos apuntan en la dirección correcta, y que en otros, desafortunadamente, apuntan en la dirección equivocada. Ejemplo de lo primeo es la reforma energética. De lo segundo la fiscal). El problema consiste en que el elemento negativo del segundo tipo de reformas puede contrarrestar, en mayor o menor medida, el elemento positivo de las primeras, limitando las posibilidades de conseguir, por la vía de más y mejores inversiones directas (que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos, y generan ingresos), un mayor progreso económico (que es la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, capacidad que depende de las inversiones directas).

Dicho lo anterior hay que señalar que sigue pendiente la más importante de la reformas, pese a lo cual nadie habla de ello (hasta donde sé soy el único), y me refiero a la reforma de los párrafos primero y segundo del artículo 25 de la Constitución, en los cuales se afirma, uno, que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución” y, dos, que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta constitución”, todo lo cual es de clara inspiración marxista–comunista, favorable a la planificación central y contrario al respeto a la libertad individual, ¡por más que se hable de libertades!, a la propiedad privada y, lo más grave, a la responsabilidad personal, inspiración marxista–comunista que se comprueba, por si no fuera suficiente con el texto mismo, recurriendo al artículo 16 de la Constitución de la República de Cuba, en el cual leemos que “el Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país”. Cualquier semejanza, ¿es pura coincidencia?

Mientras no se eliminen de la Constitución los párrafos citados penderá sobre nuestras cabezas, como espada de Damocles, sostenida por la crin de un caballo, la amenaza de la planificación central. ¿No lo ven?