Terminó el primer año (y cachito) del gobierno de Enrique Peña Nieto a tambor batiente con la aprobación relámpago de la reforma constitucional en materia energética, en adición a las modificaciones realizadas a las leyes laboral, financiera, fiscal, educativa, de comunicaciones y temas político-electorales, entre otras.

Es demasiado pronto para hacer un juicio equilibrado del alcance de todas estas enmiendas pues dependerá no sólo de la legislación secundaria sino también de la forma en que se apliquen, pues como sabemos todos los mexicanos tenemos leyes numerosas que están plenamente vigentes pero que nunca se han cumplido.

La que más entusiasmo ha generado en la comunidad de negocios global, es la reforma energética que permitirá participar a inversionistas privados nacionales y extranjeros en el sector mediante contratos de servicio, compartiendo utilidades y producción con Pemex y recibiendo el otorgamiento de licencias.

Quienes vimos con entusiasmo las grandes reformas celebradas en los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, vemos positivamente estos cambios pero con las reservas que se derivan de las experiencias en las casi dos décadas transcurridas desde entonces, en las que el país no creció como pensábamos.

Ello se debió a que las reformas necesarias para aprovechar la apertura económica del país, se detuvieron abruptamente a partir del “error de diciembre” de 1994, cuando el novato Ernesto Zedillo hundió a México en una profunda crisis financiera que impidió seguir adelante con la indispensable agenda de cambios.

Pero el crecimiento del país también sufrió porque varias de las reformas se viciaron en su aplicación, como lo ilustra la privatización del sistema telefónico, acompañada de la creación de los órganos regulatorios que habrían de asegurar que el sector se abriría a una sana competencia después de cinco años, lo que nunca ocurrió.

Es por ello que hay que estar muy alertas no sólo a la redacción de la legislación secundaria y a la forma en que se apliquen las nuevas leyes, sino también al diseño institucional que acompaña a las reformas pues obviamente se requiere de entidades regulatorias poderosas, eficientes y de probidad a prueba de las peores tentaciones.

Para que no ocurra en el sector energético lo que pasó con la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones creadas para promover la competencia, que fueron tomadas por el monopolio telefónico en lo que en economía se conoce como “captura regulatoria,” la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe adquirir un estructura y blindaje que la hagan inmune al favoritismo y la corrupción.

Este es también el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con la tarea de regular las industrias del gas, de los refinados derivados de hidrocarburos y de la electricidad, que tiene bajo su responsabilidad “alentar la inversión productiva,… una sana competencia,… una adecuada cobertura” y asegurar un buen servicio.

Lamentablemente, es bien sabido que el servicio eléctrico en nuestro país es, en el mejor de los casos, errático, que las tarifas son aleatorias y con frecuencia exorbitantes sin razón aparente, además de que el sistema estar plagado de “diablitos,” que ni la CRE ni la Comisión Federal de Electricidad logran remediar.

Tengo la esperanza también que las autoridades den marcha atrás a aspectos de las reformas que han resultado perversos. Como principio general, cualquier cambio económico apoyado por el PRD por definición tiene que ser pésimo, como es el caso de la mal llamada reforma fiscal que no corresponde ni a lo prometido por el candidato Peña Nieto ni al discurso del secretario de Hacienda Luis Videgaray.

No hay duda que en la medida que los recursos que Pemex transfiere al gobierno disminuyan, será necesario elevar la recaudación pero ello se logra no aumentando los impuestos a los causantes cautivos y así alentando aún más la informalidad y la economía subterránea, sino por la vía de un IVA generalizado y sin excepciones.

Tampoco es sensato lanzarse por la ruta del déficit para gasto corriente, endeudando al erario para transferirse en nuevos deberes públicos como la pensión universal y seguros médicos y de desempleo, que alientan la informalidad y se volverán graves cargas para las finanzas por la transición demográfica que acontece en el país.

Ese es también el caso de varios aspectos de la reforma político-electoral, donde la opinión de expertos conocedores del tema es muy crítica del diseño institucional de la nueva autoridad electoral, y advierten que causará graves problemas en comicios futuros, poniendo en entredicho la validez del sufragio ciudadano.

El balance de lo logrado es positivo, ya veremos su aplicación.