Siempre he llamado al sistema impositivo mexicano engendro tributario, y una y otra vez critiqué lo que, en su momento, relacionado con la reforma fiscal, sobre todo en la parte de impuestos, propuso el poder Ejecutivo y lo que, a partir de dicha propuesta, dispuso el Legislativo, y lo hice ya que tanto lo propuesto, como lo dispuesto, no hicieron otra cosa más que deformar más el ya de por sí deforme engendro tributario que padecemos, lo cual me llevó a preguntar cuánto tiempo pasaría antes de que el gobierno reconociera la necesidad de proponer nuevos cambios en materia de impuestos, con el fin de corregir algunos de los excesos y defectos del sistema tributario actual.

Lo que nunca creí es que dicha necesidad –la de proponer nuevos cambios en materia de impuestos con el fin de corregir excesos y defectos del sistema tributario– fuera reconocida tan pronto, y a las pruebas me remito. El gobierno publicó, el jueves 26 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el cual otorga, a ciertos contribuyentes, estímulos fiscales, simplificaciones administrativas, y hasta exenciones tributarias, ¡con el fin de aminorar algunos de los efectos negativos de la reforma fiscal!, con lo cual el gobierno reconoce que dichos efectos, por lo menos sobre cierto tipo de contribuyentes, será negativo. El decreto es una buena muestra del engendro tributario, y basta leerlo para darse cuenta de lo churrigueresco del sistema impositivo mexicano. Botón de muestra es lo siguiente, tomado del mentado decreto: “Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogur para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros”, muestra de la actuación discriminatoria del gobierno, que otorga estímulos fiscales a unos, lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que, por beneficiar a unos (que pagarán menos impuestos), perjudica a otros (que pagarán más impuestos de los que pagarían si a nadie se le otorgaran estímulos fiscales)? ¿En qué consiste dicho estímulo fiscal, a favor de unos y por ello en contra de otros? “En una cantidad equivalente al 100 por ciento del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los productos antes mencionados y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la enajenación de dichos bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el impuesto que deba pagarse por las citadas actividades.”

Todo este asunto es muestra de lo improvisado que resulta nuestro sistema tributario, improvisación que ocasiona inseguridad jurídica, que le resta competitividad a la economía, de la cual dependen las inversiones directas, causa del progreso económico.