La penúltima ronda de reformas económicas, la que se llevó a cabo durante el salinato, reformas más inspiradas en el pragmatismo liberalizante que en el verdadero liberalismo económico (y muestra de ello fue al adjetivo con el que, en aquel sexenio, se calificó al liberalismo: social), no dieron, y esto lo podemos afirmar con certeza transcurridos veinte años, los resultados esperados. Es cierto: sin aquellas reformas, señaladamente sin el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Canadá, gracias al cual el comercio exterior registró un crecimiento importante, los resultados económicos, sobre todo en materia de producción, empleo e ingreso, hubieran sido peores de lo que fueron, pero el punto es que no debemos conformarnos con no empeorar más allá de cierto punto, y la pregunta con relación a las nuevas reformas, las aprobadas el año pasado, es si con ellas lograremos, ¡ahora sí!, algo más que no empeorar.

La respuesta a la pregunta depende, de manera principal, del efecto que las reformas tengan sobre el ánimo de los capitalistas, dueños del capital que, invertido de manera directa en México –abriendo empresas, produciendo bienes y servicios, creando empleos y generando ingresos– es la condición necesaria para conseguir los fines buscados: 1) más crecimiento en la producción de bienes y servicios; 2) más y mejores empleos; 3) más ingreso, todo lo cual se traducirá en un mayor bienestar para todos.

¿Cuál será el efecto de las reformas sobre el ánimo de los capitalistas? Para responder hay que tener presente que no basta con la apertura de ciertos sectores, por ejemplo el de la energía, a la participación del capital privado, lo cual quiere decir que esta apertura es, ¡obviamente!, condición necesaria para que en México se invierta más, pero de ninguna manera suficiente. Por ejemplo: de nada sirve que el gobierno permita que los particulares inviertan en todos los sectores de la actividad económica, si existe una buena probabilidad de que los inversionistas privados sean víctimas de la delincuencia (algo probable, por ejemplo, en estados como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, por mencionar los más conspicuos en este tema).

Lo apuntado en el párrafo anterior quiere decir que, para sacarle el mayor provecho posible a las reformas aprobadas, el gobierno debe realizar, con honestidad y eficacia, su tarea esencial, que no es otra más que garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar, impartir justicia, algo que el gobierno mexicano, a todos sus niveles, no ha hecho y, mientras no lo haga, no estarán dadas todas las condiciones para sacarle a las reformas todo el provecho posible.

Las reformas del salinato no dieron los resultados que podrían haber dado por las razones ya explicadas en el artículo anterior (desde el error de diciembre de 94 hasta el asesinato de Colosio). ¿Qué podría hoy evitar que las nuevas reformas no dieran los resultados esperados? El fracaso del gobierno en la realización de su tarea básica: garantizar, con toda honestidad, y con la mayor eficacia posible, la seguridad contra la delincuencia.