De histórica han calificado algunos la decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de declarar a Televisa y a Grupo Carso como empresas preponderantes en sus mercados, el de la radiodifusión, en el caso de la primera, el de la telefonía, en el caso del segundo, razón por la cual se les obligará a compartir, con sus competidores, la infraestructura con la que cuentan, con lo cual se pretende generar más competencia en cada uno de esos sectores de la actividad económica, todo ello, ¡tal y como debe ser!, en beneficio de los consumidores.

Quienes me han seguido en estos Pesos y Contrapesos saben que mi posición es a favor de la competencia entre oferentes, única manera correcta de lograr la trilogía de la competitividad –menores precios, mayor calidad y mejor servicio- en beneficio de los consumidores, beneficio que debe ser el fin de toda política económica y de cualquier regla del juego en materia de economía, siendo legítima tarea del gobierno la de garantizar eso: la mayor competencia posible, en todos los sectores de la actividad económica, y en todos los mercados de la economía. Según se entiende, la decisión de la CFT, con relación a Grupo Carso y Televisa, tiene como fin promover, en esos sectores de la actividad económica, más competencia, y si ello es así no debe de cuestionarse, al contrario: debe aplaudirse y exigirse que se siga por ese camino.

Ahora bien, lo importante con relación a las empresas preponderantes, las que atienden a más de la mitad del mercado, no es que lo sean, sino cómo llegaron a serlo, y llegaron a serlo, en esencia, por dos caminos: el de los privilegios gubernamentales o el de la productividad traducida en competitividad. El de los privilegios gubernamentales, que siempre tienen un solo fin: eliminar o reducir la competencia, lo cual permite cobrar un precio mayor, siempre contra la posibilidad de que los consumidores alcancen un mayor bienestar. El de la productividad traducida en competitividad, cuyo fin es reducir costos (aumentar la productividad) para poder ofrecer a menor precio que la competencia (incremento en la competitividad).

Supongamos que una empresa, limpiamente, es decir: sin ningún privilegio gubernamental, simple y sencillamente a golpes de productividad y competitividad, logra convertirse en empresa preponderante en su mercado y atender a más de la mitad del mismo. En este caso, ¿sería justo que el gobierno la obligara a compartir, lo que pudiera compartir con sus competidores, con el fin de ayudarlos a ser más competitivos? No: claramente esa obligación sería injusta, porque nada de injusto tiene el llegar a ser empresa preponderante a golpes de mayor productividad (reducción de costos de producción) y mayor competitividad (reducción de precios).

Los casos de Televisa y Grupo Carso, ¿son ejemplos de empresas preponderantes, que llegaron a serlo a golpes de productividad y competitividad, sin ningún privilegio (ayuda indebida) gubernamental? Y lo más importante: el gobierno, ¿ya aprendió la lección? ¿Se acabó el otorgamiento de privilegios, cuyo fin es defender intereses pecuniarios de empresarios?