Celebro que en el Congreso se pretenda legislar leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones que detonen más competencia en el sector. Ojala se redacten sin ambigüedad las leyes secundarias.

Repruebo que persista ese rancio tufo priísta (y en el PAN algunos son cómplices) todo controlador y autoritario que pretendió “reglamentar” el internet; en efecto, así le llamaron la semana pasada y no era más que una vil artimaña para poder intervenir en un medio que ha evolucionado de manera impresionante y que ha hecho más libres y soberanos a los seres humanos y a los consumidores en general. El Estado no es nadie para dictar contenidos, qué blogs “amenazan” la seguridad nacional, qué blogs son un “peligro” para el Estado. De haber procedido la intención negra priísta de censurar, habría sido un gravísimo retroceso para los mexicanos. Por fortuna, la libertad en las redes parece irreversible (ojalá no me equivoque, pues ahí siguen pendientes en EU las leyes PIPA y SOPA que pretenden “controlar” la red a nombre de la “propiedad intelectual”, o la llamada ley SOPITA que México está adoptando desde su acercamiento al bloque Asia-Pacífico), al menos mientras los cibernautas permanezcamos atentos a todo intento intervencionista y controlador por parte del gobierno a las redes sociales. El papel en todo caso del Estado, y ya existe, es el de ciberpolicía que persigue delitos como la pederastia o el fraude cibernético, pero siempre conforme el poder judicial lo dictamine (el PRI pretendía poder espiar e intervenir en las redes sin mediar orden judicial alguna). Hasta ahí debe limitarse el Estado y jamás debe permitirse que el mismo dictamine contenidos o qué blogs deben o no existir, eso sólo es propio de los gobiernos socialistas más autoritarios como el de China, Corea del Norte, Cuba y tal vez próximamente Venezuela.

Ya luego los priístas se han lavado las manos y declaran que ya no se pretende poner reglamentación alguna sobre internet. ¿Arrepentidos? Lo dudo mucho. En ese partido persisten las actitudes autoritarias y nos lo acaban de demostrar. Lo que pasa es que no aguantaron la presión de las redes sociales que incluso se llegaron a manifestar a nivel internacional. Las redes han llegado para ponerle límite a los autoritarismos de los gobiernos. Eso lo celebro mucho.

Lamento que recientemente se haya dado a conocer el espionaje gubernamental estadounidense a las redes sociales. Eso debe limitarse y sujetarse al poder judicial o se convierte en autoritarismo puro. Ojalá no se repita, pero el peligro persiste.

Para cuando el lector lea estas líneas tal vez ya se hayan aprobado las leyes secundarias en telecomunicaciones, o en todo caso estará próxima su aprobación. Yo espero que dichas leyes permitan una mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Y nuevamente, ojalá no persista la cantaleta negra de “controlar” los contenidos en televisión y radio, pues ahí están las voces de algunos políticos, incluso panistas, que pretenden imponernos a los mexicanos qué ver y qué escuchar en los medios de telecomunicación. Los contenidos de medios son un asunto que le compete exclusivamente a los consumidores. Si se refieren a que en los medios se ofenda, calumnie o discrimine a alguien, para eso ya existen leyes para demandar por daño moral. No debe imponerse ningún otro atributo que convierta al Estado en un ente perseguidor y censurador a nombre del mal llamado “bien colectivo”.

Por cierto, tampoco es papel del Estado el poseer medios de comunicación. Eso es invadir la esfera privada. Ahí están las voces para que el Estado posea cadenas nacionales. Eso es un flagrante intervencionismo gubernamental que atenta contra las libertades individuales. Por cierto, buena parte de la programación cultural y de ciencia de los canales estales como el 11 o el 22 proviene de la televisión privada, usualmente, cadenas internacionales.

Ya lo escribí antes, pero lo recuerdo, si las nuevas leyes de telecomunicaciones pretenden ser verdaderamente modernas deben evitar lo siguiente puntos.

De acuerdo a los expertos, el problema de “concesionar” el espectro acarrea las siguientes ineficiencias:

• Al ser una concesión de “utilidad pública” restringe al concesionario a utilizar esa porción de espectro para un servicio específico que no podrá cambiar (ello provoca que usualmente el espectro se subutilice, pues hay restricciones de gobierno).

• Son por un período de tiempo determinado, lo que puede desalentar las inversiones del concesionario al acercarse al límite temporal de la concesión.

• Son de carácter intransferible, lo que impide al concesionario someter sus derechos a transacciones comerciales con terceros (en países más avanzados que México en materia de telecomunicaciones ya no se concesiona el espectro, se subasta-en México ya habido subastas pero mal hechas y llenas de polémica- y el ganador puede a su vez comercializar el espacio con otros agentes económicos).

• Son de carácter precario, lo que produce un estado de incertidumbre en el concesionario respecto a sus derechos (en países con debilidades institucionales ó gobiernos totalitarios, el gobierno puede retirar a diestra y siniestra determinadas concesiones para con ello censurar la libertad de expresión. Véase el caso de Venezuela).

• Suelen ser onerosas las concesiones (caso de México) y en su precio no está claro el criterio económico, sino el político.

Las telecomunicaciones a nivel mundial necesitan de verdadero oxígeno liberal para que puedan evolucionar libremente, sin interferencia de los gobiernos.

El verdadero problema del espectro radioeléctrico es que no están bien definidos los derechos privados de propiedad (derecho a poseer, usufructuar y transferir un bien determinado). Vamos, no es que no haya dueño, lo hay pero es exclusivamente terreno de los gobiernos.

Ojalá haya más competencia, menos oligopolio y menos gobierno en el mundo de las telecomunicaciones.