El análisis tradicional del derecho se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la intención del legislador al promulgar una ley?, intención que se conoce por el contenido de la ley misma. Por su parte, el análisis económico del derecho (que no hay que confundir con el análisis del derecho económico) se hace esta pregunta: ¿cuáles pueden ser, una vez promulgada, las consecuencias de esta ley?, consecuencias que pueden ser contrarias a las intenciones del legislador, por la simple y sencilla razón de que éste no es omnipotente, por lo que no basta con la promulgación de una ley para que la misma se cumpla: entre la promulgación de la ley y su cumplimento está la libertad de la persona, quien decidirá si cumple o no con lo establecido en la misma, decisión que depende de muchas variables.

Lo anterior viene a cuento porque, en un arrebato de buena intención, los legisladores mexicanos decidieron que la edad mínimo legal (ojo: legal, otra será la real, la impuesta por las condiciones de vida de cada quien, sobre todo por el grado de escasez que cada uno enfrente) para trabajar ya no serán los catorce años sino los quince, de tal manera que, para empezar, cualquier patrón que contrate a una persona menor de quince año estará violando la ley y, por ello, cometiendo un delito (definido, precisamente, como cualquier violación a cualquier ley positiva, que son las redactadas y promulgadas por las autoridades competentes, en este caso nuestros legisladores).

La intención (análisis tradicional del derecho) de los legisladores es clara: que los jóvenes empiecen a trabajar un año más tarde de lo que, conforme a la vieja ley al respecto, estaban autorizados a hacer, intención que plantea la siguiente pregunta: ¿a cambio de qué? Posible respuesta, de hecho la más probable, acorde al que supongo es el espíritu de esta nueva disposición legal: de seguir estudiando (suponiendo que tuvieran –ojo con el tuvieran– que dejar de estudiar para comenzar a trabajar) o de dedicarle más tiempo al estudio del que podrían dedicarle si tuvieran que trabajar (suponiendo que tuvieran –ojo de nueva cuenta con el tuvieran– que estudiar y trabajar al mismo tiempo).

¿Qué es lo que esperan los legisladores de esta nueva ley? Que ningún mexicano o mexicana trabaje antes de los quince años, para que siga estudiando, es decir, desarrollando capital humano que, más adelante, le permitirá realizar trabajos más productivos, condición necesaria para que sean mejor remunerados. Esta expectativa, ¿se cumplirá? Pasemos del análisis tradicional del derecho, con su pregunta por las intenciones del legislador, al análisis económico del mismo, con su pregunta por las posibles consecuencias (ojo: posibles) de la ley una vez que ésta ha sido promulgada.

Continuará.