Cobrar impuestos supone que el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, para que los gobernantes lo gasten, gasto que se divide en tres grandes partidas: la que tiene que ver con garantizar los derechos, ¡que realmente lo sean (a la vida, a la libertad individual, a la propiedad privada)!, de los ciudadanos; la que tiene que ver con satisfacer ciertas necesidades, por lo general consideradas básicas (alimentación, atención médica, educación, etc.), de algunos ciudadanos; la que tiene que ver con defender algunos intereses, por lo general pecuniarios, de algunos grupos. En los dos últimos casos el cobro de impuestos se hace con fines redistributivos (el gobierno, o le quita a A lo que es de A para darle a B lo que no es de B: socialismo; o crea las condiciones para que A, en calidad de comprador, le pague a B, en calidad de vendedor, un precio mayor: mercantilismo), lo cual es un robo legal, sin pasar por alto que el adjetivo legal no le quita lo injusto al sustantivo robo. En el primer caso, en el cual el gobierno se limita a garantizar la seguridad contra la delincuencia y a impartir justicia, no hay redistribución, ya que el gobierno (al menos teóricamente) debe realizar esas tareas, honrada y eficazmente, para todos los ciudadanos por igual, por lo que no hay redistribución.

Conviene distinguir claramente estas tres grandes partidas del gasto gubernamental, para poder responder, de entrada, la siguiente pregunta, ¡que de ninguna manera es ociosa!: ¿a cuál de las tres partidas señaladas pertenece el subsidio (llamarle financiamiento resulta inapropiado), que se le otorga a los partidos políticos, siempre con cargo al bolsillo de los contribuyentes, a quienes se les obliga, con la intermediación del gobierno, a “otorgar” dicha subvención? Veamos.

Ese subsidio, ¿tiene algo que ver con garantizar los derechos, ¡que realmente lo sean!, de los ciudadanos? No, por supuesto que no. Entonces, ¿tiene algo que ver con satisfacer alguna necesidad, sobre todo si es básica de alguien? No, claro que no. Descartadas las dos opciones anteriores, ¿cuál queda? La defensa de intereses, sobre todo pecuniarios, de los miembros de algún grupo de, ¡precisamente!, interés. En este caso, al mentado grupo se le conoce como partido político, a sus miembros como políticos, y el interés es claramente pecuniario: contar con el dinero suficiente para poder dedicarse, desde la plataforma de un partido político, a la política (cualquier cosa que ello signifique para cada uno de ellos).

El subsidio que se le otorga a los partidos políticos es una de las muchas prácticas redistributivas que el gobierno lleva a cabo, práctica que ahora, con el surgimiento de tres nuevos partidos políticos, se agudiza.

Continuará.