El presidente Enrique Peña señaló, después de la promulgación del paquete de leyes secundarias derivadas de las reformas en materia de energía, que con ello acababa el ciclo de reformas y que, junto con las otras reformas, se habían derrumbado las barreras para lograr mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico. En mi opinión, se quedó corto; aún persisten diversas reformas que hay que emprender para efectivamente derribar las enormes barreras que siguen persistiendo y que inhiben el mayor crecimiento, aun suponiendo que la instrumentación de las mencionadas reformas se hace bien. Se me ocurren, de pasada, cuatro muy importantes.

La primera, algo que ha recibido nula atención en esta vorágine reformista, es el papel del Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de los contratos mercantiles y la protección de los derechos privados de propiedad. La mayor parte de los litigios de carácter mercantil se dirimen en los juzgados y tribunales estatales, en los cuales existe una notable ineficiencia y, en muchos casos, plagados de corrupción. No contar con la garantía judicial del cumplimiento imparcial, eficiente y expedito de los litigios aumenta los costos de transacción y la incertidumbre para los inversionistas, hecho que deriva en una ineficiente asignación de recursos, menor inversión y menor crecimiento. Es realmente urgente atender este problema si se quiere alcanzar la meta de un mayor y sostenido crecimiento económico.

La segunda está relacionada con el diseño del sistema de seguridad social y el diseño del sistema tributario. El esquema actual de cuotas patronales al IMSS actúa, efectivamente, como un impuesto a la actividad formal de las unidades productivas mientras que, en paralelo, el esquema del Seguro Popular es un subsidio a la informalidad. Si a esto le agregamos la enorme maraña de barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados, da como resultado que casi el 60% de la población ocupada labore en la informalidad, con una baja productividad y muy bajas remuneraciones para los trabajadores (a propósito de la discusión que hay actualmente en torno al salario mínimo). Es, en consecuencia, indispensable transitar hacia un esquema de seguridad social universal financiada de la recaudación general, por lo que se requiere una profunda reforma tributaria que tenga como eje central la homogeneización del IVA y la reducción de las cuotas al IMSS.

La tercera está relacionada con el combate a la corrupción. Existe la percepción generalizada entre los agentes económicos privados, individuos y empresas, que la corrupción gubernamental no solo persiste, sino más aún, ha aumentado en las tres instancias de gobierno. La corrupción es un juego de suma negativa y si no se abate significativamente, seguirá siendo un lastre para el crecimiento económico. La Comisión Nacional Anticorrupción, que perseguiría este flagelo, está atorada en el Congreso, seguramente porque a los políticos y funcionarios públicos lo que menos les gusta es la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuarto, es lo concerniente al sector primario de actividad económica. En el sector agropecuario labora casi el 14% de la PEA pero solo aporta el 4% del total del PIB, por lo que no sorprende que la mayor incidencia de pobreza se dé precisamente en el sector rural. Esquemas de producción notoriamente ineficientes como son los ejidos y los minifundios derivan en una muy baja productividad de una parte significativa de la fuerza laboral y se constituyen como un lastre al crecimiento. Se requiere una profunda reforma de la tenencia de la tierra que defina eficientemente los derechos de propiedad.

Solo cuatro, pero obviamente hay muchas otras reformas que hay que hacer.