Si la empresa minera Grupo México hubiera contaminado algún río en Inglaterra o Escocia, varios de sus directivos ya estarían en la cárcel. Y la razón es sencilla: en estos países la propiedad de los ríos es privada, es decir, los derechos privados de propiedad sobre los recursos naturales están claramente definidos. Durante más de ocho siglos la clara definición de propiedad privada de los ríos en estos países ha evitado la pesca descontrolada y la contaminación de las aguas. Los propietarios se limitan simplemente a cobrar una cierta cantidad monetaria a los agentes privados y/o particulares por pescar en sus ríos. Por consiguiente, los propietarios tienen un fuerte incentivo económico para mantener la población de peces y para conservar la pureza de sus aguas. El problema es que los daños de Grupo México fueron en ríos de Sonora, sin derechos de propiedad bien definidos.

Este tema en economía se denomina externalidades, derechos de propiedad y bienes públicos. Una externalidad puede ser positiva o negativa, y es causada por un agente (s) económico cuyas acciones tienen repercusiones positivas o negativas sobre un tercero, y dicho agente no enfrenta ningún costo o beneficio por sus acciones. En el caso de la contaminación, estaríamos ante una externalidad negativa, es decir, un particular o empresa genera ganancias con su actividad económica, pero contamina el medio ambiente y termina dañando a terceros (otros agentes económicos privados) y no enfrenta ningún costo o castigo por su acción.

Si los derechos privados de propiedad estuvieran bien definidos (derecho de posesión, usufructo y transferencia de un bien o recurso natural), sería factible negociar entre las partes afectadas por la externalidad. El agente A podría acordar el pagarle al agente B por el daño causado por la contaminación. O bien ambos podrían optar por fusionarse y entonces, como partes interesadas, disminuir al mínimo la contaminación (enfrentarían el verdadero costo marginal de contaminar), o de plano vender sus propiedades a un tercero, que tendría que enfrentar los costos de contaminar al ser el propietario total del recurso natural.

El gran economista Ronald Coase[1] estudió con gran claridad el problema de las externalidades y es el estudioso que señaló los costos sociales que un agente económico podría causar con su actividad económica. En muchas ocasiones, la solución al estilo Coase es muy superior a la que la intervención gubernamental lograría al sancionar a los particulares involucrados. La parte afectadora le paga a la parte afectada y ambos solucionan el daño (internalizan el problema, es decir, el agente económico que afecta con su actividad económica a otro(s) paga por sus daños ocasionados).

Lamentablemente el teorema de Coase es útil cuando se trata de pocos agentes económicos afectadores y afectados, que pueden negociar con costos bajos y cuyos derechos de propiedad están bien definidos.

En México el grave problema es que los recursos naturales pertenecen a la nación, es decir, en teoría todos los mexicanos somos dueños de dichos recursos, lo que suena muy bonito, pero el diablo está en los detalles. En la práctica lo que es de todos acaba siendo de nadie, es decir, un recurso natural que supuestamente pertenece a todos, genera incentivos perversos para que todos lo usemos o explotemos, pero sin que haya interés de alguien por cuidar o preservar tal recurso, no hay derechos privados de propiedad y por tanto nadie está interesado en explotar con racionalidad un recurso natural. Los países que mejor cuidan sus recursos naturales son aquellos cuyos derechos de propiedad están plenamente garantizados, es decir, hay el incentivo de explotar dichos recursos, pero al mismo tiempo existen también fuertes incentivos para preservarlos y cuidarlos, pues generan ganancias para su propietario (si no es así, el agente económico propietario termina dañándose, lo que económicamente no es racional).

La tala clandestina, la contaminación de las aguas, la caza de animales indiscriminada, etc., están ausentes en países con derechos privados de propiedad bien definidos; los propietarios pueden explotar sus recursos naturales, pero para seguir ganando, deben cuidarlos y hacer que dichos recursos sean sustentables, es decir, que se exploten racionalmente.

La tragedia en México es que las aguas, lagunas, playas, mares y ríos pertenecen a la nación, por lo tanto, si un agente económico los contamina, no enfrenta los costos de su acción, y con ello termina afectando a agentes económicos que viven de estos recursos naturales (como el caso de Grupo México, cuyas externalidades negativas han afectado a ganaderos y agricultores). Al final la solución termina en manos de los gobiernos quienes sancionan, pero cuya acción muy es inferior si las partes afectadas fueran propietarias legítimas de dichos recursos.

Por cierto, es más fácil hacerle pagar a un agente privado por los daños causados al medio ambiente o a un particular(es), que a una empresa gubernamental como PEMEX o CFE. Desde hace años PEMEX tal vez ya hubiera desaparecido como empresa al pagar los cuantiosos daños que en décadas ha causado a terceros. La impunidad total para esta paraestatal.

Espero que Grupo México enfrente los daños y pague a los cientos de productores agrícolas privados afectados por las pifias de los técnicos de esta empresa. Hasta el momento vergonzosamente no dan la cara, deberían recordar al teorema de Coase e intentar negociar con las partes afectadas. Ya los enfermos estatistas exigen prácticamente que el gobierno le quite la concesión a Grupo México y expropie a la minera, como si eso fuera la solución ideal. Repito, las empresas más impunes con el medio ambiente y externalidades negativas hacia particulares son las de mismísimo gobierno.

Hay que recordar al gran Ronald Coase.

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[1] Coase, Ronald: The problem of social cost, Journal of Law and Economic,1981