En la entrega anterior afirmé que la reforma fiscal correcta, antes que tributaria, y centrar la atención en qué impuestos cobrar, a qué tasa cobrarlos, y a quién cobrárselos, debe ser presupuestaria y considerar, con el fin de corregir los excesos y defectos existentes, en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, siendo que gasta en cosas que no debe, por lo cual gasta de más, y en muchas ocasiones de mala manera, tal y como lo muestra el caso de la nómina docente – administrativa de la Secretaría de Educación Pública, según los resultados del excelente estudio de México Evalúa, dado a conocer la semana pasada.

Si del frente presupuestario de la reforma fiscal pasamos al tributario, la situación actual resulta ridícula y vergonzosa, y a los números me remito. El año pasado el Gobierno Federal cobró 15 impuestos distintos y recaudó, según información de la Secretaría de Hacienda, 1.6 millones de millones de pesos. Según datos del INEGI, el año pasado el consumo final en la economía mexicana sumó 11.1 millones de millones de pesos, de tal manera que con un solo impuesto, ojo: ¡ni uno más!, del 20 por ciento a las compras de bienes y servicios para consumo final –ojo: ¡nada más para el consumo final, que es el destinado a satisfacer directamente las necesidades!– el gobierno hubiera recaudado 2.2 millones de millones de pesos, 37.5 por ciento más de lo que recaudó –ojo: ¡una tercera parte más!–, lo cual nos da una idea de las posibilidades del Impuesto Único al Consumo Final, el IUCF, en materia de competitividad, de inversiones directas y del crecimiento de la economía.

¿Cuánto más no se invertiría en México si las empresas, que compran factores de la producción para invertir y producir riqueza, y no bienes y servicios para el consumo final, no pagaran impuestos? ¿Cuánto más no se invertiría en México si se gravara, no la creación de riqueza –las inversiones de las empresas– sino solamente las compras de las familias –el consumo de riqueza–? Y si en México se invirtiera más, ¡mucho más!, ¿cuánto mayor no sería la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos, metas que, en un país con el 45 por ciento de la población sobreviviendo en la pobreza, deben ser una exigencia inexcusable?

¿Por qué, si la lógica del IUCF es tan clara, y los números avalan la propuesta a su favor, seguimos padeciendo el engendro tributario, con todo lo que ello supone en términos de menor competitividad, menos inversiones directas, y menor crecimiento de la economía? Quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre estos temas, ¿han estado? a la altura del reto? No, claro que no.