Cómo hemos clamado en este país por una vida institucional. Tanto, que así lo dice el nombre del que fuera nuestro partido hegemónico por más de 70 años, en una curiosa paradoja: revolucionario institucional. Como si las revoluciones no fueran en sí mismas transitorias. Justamente por eso, el ideario de la Revolución no podía depender perpetuamente de caudillos: requería de toda una infraestructura del poder que garantizara la permanencia de sus logros. (Lástima que nunca estuvo del todo claro para quién fueron los “logros” ni exactamente en qué consistía el tal ideario; por eso de la lucha por la reivindicación obrero-campesina al TLC, cupo dentro de la institucionalización de la revolución cualquier cosa que pudiera existir en el medio. Lástima también que la línea entre caudillos, demagogos y líderes institucionales les haya resultado tan tenue.)

La infraestructura del régimen político priísta tuvo un diseño tan singular que sólo podría compararse a su longevidad. En lugar de crear un conjunto de instituciones sólidas, democráticas, balanceadas y limitadas unas con otras, con visión (o “proyecto de nación”, decimos ahora) que les permitiera marchar de manera relativamente automática, se optó por una súper institución, el partido, con un motor central: el Presidente. El presidencialismo, a la mexicana, se sostuvo sobre la base del partido, que funcionaba como un eficaz instrumento de distribución de cargos públicos, apoyado mediante la efectiva articulación de los movimientos y grupos sociales en bases corporativas y con un férreo control de las elecciones que le permitía la estabilidad.

El Presidente fungía como el jefe de partido y por ende, líder indiscutible de la clase política mexicana, con el monopolio de la conducción de las políticas públicas, palomeadas por la estructura monocolor de diputados, senadores, ministros, gobernadores y alcaldes.

El diseño político mexicano fue único por su estabilidad; sin embargo, aún así no pudo escapar a la dinámica de cambio político que se vivía en el resto del mundo. México se sumó a la ola de transiciones a la democracia en el sur de Europa, América y algunos países asiáticos. En tanto a transición, México compartió con aquellos países un proceso pacífico de cambio de régimen político. Pero la transición mexicana fue tan original como el autoritarismo del que partía.

La transición a la democracia en México no fue pactada sino votada. Tiene un contenido estrictamente electoral, no sólo porque se construyó mientras se construían las posibilidades de realizar elecciones libres y justas, sino porque durante ese proceso también se dio un cambio sustantivo en la composición del poder en México: la instauración del pluralismo en la composición de los gobiernos y en el sistema de partidos políticos. En un largo camino de reformas electorales que iniciara en 1962, con la creación de los diputados de partido, y que continuaría hasta 1996, con la autonomía y ciudadanización del Instituto Federal Electoral, se construyó la democracia mexicana.

El sistema de partidos, sin embargo, minó la infraestructura que describíamos: la que se sostenía precisamente en la hegemonía. Buscada la apertura electoral a la oposición a espacios acotados como medida de distensión política, resultó imposible de ser contenida: creció gradual pero sostenidamente la presencia de la oposición en la conformación de los poderes públicos, lo que cobra especial relevancia cuando se considera que el diseño constitucional mexicano de división de poderes -y su consecuente sistema de pesos y contrapesos- únicamente funciona cuando encuentra una composición pluralismo.

En otras palabras, la transición mexicana a la democracia debe entenderse como la apertura de la estructura institucional de competencia electoral, la pluralización del Congreso de la Unión, gubernaturas y ayuntamientos, el crecimiento y vigorización del sistema de partidos, el derrumbe de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la muerte del “presidencialismo mexicano” -la concentración de poderes formalmente no presidenciales en el Presidente.

La democratización mexicana arrancó al presidente los poderes que, más allá de la constitución, la distribución del poder le otorgaba. En un escenario de gobierno dividido, de gobiernos pluripartidistas en los estados y municipios así como la competitividad electoral en casi todo el país, han limitado la otrora presidencia imperial. Ya no habrá Echeverría, López Portillo, no habrá en el país un Presidente que pueda hacer y deshacer a su antojo. Los que temen hoy a posibles presidentes de mañana, deben considerar seriamente que la realidad del poder presidencial ha cambiado. Es necesario que recuerden lo que años atrás afirmaron sobre la transición porque México, contra todo y a pesar de muchos, sigue siendo aquél país que exitosamente transitó a la democracia por la vía electoral.

Una última reflexión: la ausencia de un poder presidencial imperial no debe traducirse en un vacío, que lleva a muchos a pensar que lo que hace falta es otra vez “un poco” de autoritarismo que meta en cintura a un congreso paralizado, a gobernadores y munícipes rebeldes, a jueces y ministros descarriados. Que nada nos haga pensar tras este sexenio que el problema es el pluralismo y los poderes acotados. El verdadero presidencialismo no demanda superpoderes, sino un liderazgo que haga de su titular un interlocutor válido y firme, una guía de acción, un conductor de políticas públicas. Con una figura así, acompañada de una inexorable rendición de cuentas a todos los niveles de ejercicio del poder público, se tienen verdaderas instituciones democráticas, y no a la mexicana.