Con el Impuesto Único al Consumo Final, de un 15 por ciento, a todo y a todos, el gobierno hubiera recaudado, en 2013, 6.3 por ciento más de lo que recaudó, lo cual muestra que sí se puede hacer una reforma tributaria a favor de la competitividad del país (que se detonaría si no se les cobrara impuestos a las inversiones productoras de riqueza de las empresas), sin pérdida en la recaudación (de hecho podría aumentar), reforma tributaria a favor del Impuesto Único al Consumo Final que sería mucho más eficaz, que cualquier otra de las reformas estructurales, para hacer de la mexicana una economía más competitiva, más atractiva y más interesante para las inversiones directas.

Habiendo visto que hay mucha tela de donde cortar para que el gobierno detone, por el lado tributario, la competitividad del país, de la que depende cuánto se invierte, debemos preguntarnos si también hay tela de donde cortar para aumentar la competitividad de las empresas que operan en el país. ¿La hay? Para responder hay que tener en cuenta que la condición para elevar lo más posible la competitividad de las empresas (la capacidad para hacerlo, en términos de precio, calidad y servicio, mejor que los demás), es generar la mayor competencia posible, en todos los sectores de la actividad económica, y en todos los mercados de la economía, para lo cual el primer requerimiento es que el gobierno permita que todo aquel, nacional o extranjero (lo que importa es la competencia, no la nacionalidad de los competidores), que quiera participar, ya sea produciendo en México, ya importando hacia México, lo pueda hacer, sin enfrentar ningún impedimento que no sea la competitividad de sus competidores, todo lo cual supone, entre otras cosas, libre comercio, el mismo que el gobierno de Peña Nieto ha promovido en cuanto foro ha podido, pese a lo cual ha puesto en práctica medidas proteccionistas (lastres y obstáculos que nada tienen que ver con la competitividad de los oferentes mexicanos, sino con limitaciones y prohibiciones gubernamentales) a favor de algunos productores nacionales, tal y como ha sido el caso de los zapateros mexicanos, amenazados por la competencia china (sí, la competencia es una amenaza, y precisamente por ello debe permitirse, con el fin de fomentar la competitividad, que es la manera correcta de conjurarla), y en contra de los consumidores mexicanos de calzado, quienes se beneficiarían de la mayor competitividad de los zapateros mexicanos, para lo cual el gobierno debe permitir lo dicho: que todo aquel que quiera participar, ya sea produciendo en México, ya importando hacia México, lo pueda hacer, algo que, a veinte años de la entrada en vigor del TLC, sigue pendiente, por culpa del proteccionismo gubernamental.