Hablando en plata
Oct 16, 2014
Luis Pazos

Prostitución de los derechos humanos

Una cosa es permitir protestas pacíficas por excesos o incumplimientos de autoridades y otra solapar a violentos.

No podemos hablar de democracia en un país donde no se respetan los derechos humanos fundamentales: vida, propiedad y libertad. De esos derechos humanos básicos, inherentes a la naturaleza humana o derechos naturales, se derivan otros, como la libertad de manifestar nuestras ideas pacíficamente sin perjudicar a terceros. Solo los dictadores están en contra de los derechos humanos, pero muchos activistas que protestan por sus violaciones son los primeros en violar los derechos humanos de los demás.

La asamblea del Distrito Federal, controlada por la izquierda agrupada en el PRD, redujo las penas a quienes causan desórdenes públicos: rompen vidrios, pintarrajean paredes, golpean a quien se les pone enfrente y bloquean vías de comunicación. Esas acciones violan el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de ciudadanos pacíficos. Cuando un gobierno o Comisión de derechos humanos, antepone intereses partidistas y políticos – clientelares, al verdadero respeto a los derechos humanos para todos, los prostituyen.

Miles de ciudadanos productivos, que con sus impuestos pagan los sueldos de autoridades, legisladores y comisiones de derechos humanos, sufren ataques de angustia, pierden citas con doctores, sus hijos no llegan a la escuela y ellos a sus trabajos, por la violación de sus derechos de tránsito por quienes bloquean vías de comunicación.

La violación a la libertad de movimiento de miles de ciudadanos, que constituye un tipo de secuestro, pues limita su libertad, parece no importarles a muchas autoridades, comisiones o grupos de derechos humanos, cuyo compromiso parece ser únicamente el de proteger y garantizar impunidad a violentos organizados y a quienes se dicen activistas “sociales”, no el garantizar los derechos de ciudadanos pacíficos que los mantienen con sus impuestos, pero no están organizados.

Una cosa es permitir protestas pacíficas por excesos o incumplimientos de autoridades y otra solapar a violentos, que toman como bandera la muerte o desaparición de estudiantes el mes pasado o hace 46 años, las que condenamos, pero no dan derecho a nadie en un estado de derecho a quemar carros, inmuebles o bloquear carreteras.



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