En un proceso de intensa labor legislativa se aprobaron en el Congreso diversas modificaciones al marco legal de nuestro país, destacando la laboral, la educativa, la de competencia económica, la de transparencia (IFAI), la político – electoral (INE), la financiera, la de telecomunicaciones y, finalmente, la que se le llamó erróneamente la madre de todas las reformas, la energética. Prácticamente todas ellas constituyen una mejora en el arreglo institucional y de ser correcta y eficientemente instrumentadas, se espera deriven en una mayor tasa de crecimiento económico. Hay sin embargo una que sigue siendo el gran pendiente y que ésta sí sería la verdadera madre de todas las reformas: la construcción de un verdadero e íntegro estado de derecho.

Cuando escuchamos el discurso gubernamental, hay una cantaleta continua y repetitiva en la que se afirma que en México existe un estado de derecho, que todos son iguales ante la ley, que nadie está por encima de la ley, que cualquier delito será perseguido hasta las últimas consecuencias, que no habrá impunidad, “tope con quien tope”, bla, bla bla. Un discurso que tiene más hoyos que un queso gruyere.

México es un país de leyes simplemente porque son muchas (solo a nivel federal son un poco más de 300, a las que hay que añadir las estatales y todo el conjunto de reglamentos en los tres niveles de gobierno). Sin embargo, lo que observamos es que no todas ellas son eficientes en el sentido de generar los incentivos correctos para la asignación de los recursos, es decir  aquellos que estén alineados con el objetivo de lograr mayores niveles de desarrollo económico, mientras que también observamos que éstas son violentadas continuamente, en muchos casos con absoluta impunidad, todo ello envuelto en un inmenso halo de corrupción. De ahí que no es de sorprender el mediocre desempeño de la economía, el relativamente bajo nivel de desarrollo económico, la elevada incidencia de pobreza y la notoriamente inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso.

Como le he señalado anteriormente, son cuatro los elementos centrales que componen un verdadero estado de derecho: la eficiente definición de los derechos privados de propiedad, la libertad para que cada individuo sea libre de utilizar los recursos de su propiedad, incluido su propio cuerpo, mientras no se atente en contra de los derechos de terceros, la libertad de contrato y de transferencia en mercados competitivos a través de transacciones enteramente voluntarias y, por último, la protección por parte de un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de contratos.

La violencia en la que se ha sumergido el país en los últimos años, con más de 33 millones de delitos cometidos el año pasado y con una tasa de impunidad de más del 95%, son solamente una parte de todo aquello que sucede en nuestro país y que refleja la notoria debilidad del estado de derecho en México.

Es obvio que es necesario atacar frontalmente los delitos tales como homicidio, extorsión y secuestro, pero la construcción de un íntegro estado de derecho va más allá. Requerimos leyes eficientes, acabar con los poderes fácticos (burócratas, empresarios, sindicatos) que se benefician del statu quo ineficiente y que les permite apropiarse de rentas, acabar con la impunidad en la comisión de actos de corrupción, contar con un poder judicial que efectivamente garantice el cumplimiento de los contratos, etcétera.

Las potenciales ganancias de todas las reformas arriba señaladas no se materializarán a plenitud si no se avanza en la construcción de un verdadero estado de derecho.