Una economía tendrá un menor nivel de desarrollo y el bienestar de sus habitantes será menor si el marco institucional bajo el cual se llevan a cabo las diferentes actividades económicas permite la extracción de rentas por parte de diferentes grupos de interés. Por el contrario, si el arreglo institucional es uno caracterizado por bajas barreras de entrada a los mercados, por bajos niveles de corrupción, así como con transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público y un eficiente esquema de gobernanza en las empresas privadas, la economía tenderá a crecer a mayores tasas, logrando con ello mayores niveles de bienestar de la población.

Desde las reformas emprendidas a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, primero la apertura comercial unilateral consumada con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (y otros similares que le siguieron), la privatización de varias empresas que estaban en manos del gobierno y un esfuerzo de desregulación al nivel federal, cambiaron significativamente una parte del arreglo institucional hacia uno caracterizado con mayor competencia en varios sectores de la economía con una apreciable mejora en el bienestar de los consumidores. Sin embargo, aún siguen prevaleciendo innumerables ejemplos de un marco institucional en el cual se favorece la extracción de rentas. Vale destacar cinco de ellos.

Primero, sigue prevaleciendo, sobre todo en los niveles de gobiernos estatales y municipales, una regulación notoriamente ineficiente y costosa que les permite a los administradores de esas regulaciones actuar como buscadores de rentas. Los pagos que hay que hacerle a un burócrata para obtener un permiso o una licencia, un abierto acto de corrupción, significa que el burócrata se apropia de una parte del flujo de utilidades de las empresas, lo cual reduce los flujos de inversión, además de que deriva en mayores precios de los bienes y un menor nivel de bienestar de los consumidores.

Segundo, es notoria la práctica de extracción de rentas por parte de líderes sindicales que extorsionan a las empresas privadas, en muchos casos bajo el amparo de la cláusula de exclusión sindical en los contratos colectivos de trabajo. Ser líder sindical y ser pobre son excluyentes. Nuevamente, este tipo de prácticas inhibe a inversión y el crecimiento económico.

Un tercer ejemplo es la regulación que permite la existencia de prácticas monopólicas. En este caso, quién obtenga del gobierno una protección en contra de la competencia de terceros, obtiene un beneficio extra normal, la renta monopólica, misma que reduce el bienestar de los consumidores.

Un cuarto ejemplo es la extorsión a la cual se ven sujetos los agentes económicos privados y en ocasiones los propios gobiernos, por parte del crimen organizado, como son los “derechos de piso” o la obligación de gobiernos municipales de entregar parte del presupuesto.

Finalmente, un quinto ejemplo es la muy poca transparencia en el ejercicio del gasto público. Los famosos “moches” que condicionan la entrega del presupuesto a gobiernos locales para que se contrate a una empresa en particular es un caso. Otro, cuando se licitan con poca transparencia las obras públicas, opacidad que permite la asignación de contratos a empresas de amigos, con el consecuente enriquecimiento y con un costo para la sociedad en su conjunto.

México enfrenta toda una serie de barreras al desarrollo económico derivadas del marco institucional que permiten la extracción de rentas y ello explica, en parte, el mediocre crecimiento que se ha experimentado en las últimas décadas. Y mientras la práctica de premiar a apropiación de rentas persista, difícilmente lograremos alcanzar mayores niveles de bienestar.