Se han venido conjuntado varios fenómenos en el entorno económico nacional e internacional que nos pueden llevar a caer en una “tormenta perfecta” con posibles graves consecuencias sobre el desempeño de la economía mexicana tanto en el corto como en el mediano plazo.

Primero, sin lugar a dudas, es la caída de 50% en el precio internacional del petróleo. Aunque las exportaciones de este bien ya solo representen el 10% de las exportaciones totales, comparado con casi el 80% en la década de los ochenta del siglo pasado, ésta significativa reducción sí representa un choque real negativo sobre la economía. Al respecto hay dos atenuantes para 2015. El primero es la contratación de coberturas sobre los precios del petróleo que blinda parcialmente los ingresos del sector público (aunque no ofrecen protección en contra de una caída en la producción, misma que sigue cayendo) y el segundo es la reducción en el precio de los derivados del petróleo que México importa, particularmente gasolinas (con esto último sí habría un efecto positivo sobre los ingresos fiscales al estar el precio interno determinando exógenamente e independiente del precio del petróleo). Sin embargo, de persistir un bajo precio en el 2016, tal como se pronostica, ello forzaría al gobierno a hacer un drástico ajuste fiscal, tanto por el lado del gasto como por el lado impositivo, introduciendo presiones negativas sobre el crecimiento económico.

Segundo, y ligado con lo anterior, es que la caída del precio del hidrocarburo sí altera de manera significativa los prospectos de inversión privada, nacional y extranjera, en este sector. Aunque a un precio de 50 dólares el barril, la explotación en aguas someras puede seguir siendo rentable, lo mismo no sucede en campos de otra naturaleza como aguas profundas, yacimientos de lutitas y el área de Chicontepec. Dado que la expectativa es que el “bajo” precio del petróleo persista, ello implicara una inversión privada, e inclusive pública, en este sector menor a la esperada.

Tercero es la depreciación del tipo de cambio como resultado de un fenómeno mundial de fortalecimiento del dólar estadounidense contra prácticamente todas las monedas del mundo como resultado, básicamente, de la expectativa de que el Banco de la Reserva Federal inicie el próximo año un aumento de las tasas de interés. Son tres los efectos sobre la economía mexicana. Primero, positivamente, un impulso a las exportaciones y al crecimiento; segundo, negativamente, una aceleración de la inflación; y, tercero, el impacto negativo de un aumento en las tasas de interés nacionales e internacionales sobre el costo de la deuda privada y pública, interna y externa con el consecuente efecto sobre el crecimiento económico.

Cuarto, la percepción cada vez más negativa, con todo sustento, que se tiene sobre la vigencia del estado de derecho en México. Impunidad en la comisión de todo tipo de delitos, violencia ligada al crimen organizado y no organizado, vandalismo en ciertas regiones del país como Guerrero, Michoacán y Oaxaca y, por si todo ello fuera poco, la percepción de una alta incidencia de corrupción en todos los niveles y ramas del gobierno así como la muy tibia disposición para efectivamente luchar en contra de este flagelo, tal como se aprecia en la propuesta del PRI – PVEM en la Cámara de Diputados para crear una comisión anticorrupción, misma que no es más que una burla. Esta percepción, la de un estado de derecho notoriamente débil, tiene un impacto negativo sobre la inversión, el crecimiento y el bienestar de la población.

El “Mexican moment” nunca llegó y ahora estamos en aguas borrascosas.