A principios de febrero de este año diversos medios de comunicación reportaron lo siguiente en materia de endeudamiento de los estados de la República:

“La contratación de deuda aumentó más rápido que el crecimiento económico en 18 estados del país de septiembre del 2013 a igual mes del 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

De este grupo destacan cuatro entidades con una baja en su actividad económica y un aumento en sus obligaciones financieras. Se trata de Campeche, Baja California, Sonora y el Distrito Federal.

En el caso de Campeche, su economía registró el mayor retroceso entre las 32 entidades federativas, con una baja en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de 6.8% del tercer trimestre del 2013 a igual lapso del 2014, según los últimos datos disponibles. En cambio, su deuda aumentó 29.4 por ciento.

En Baja California, la economía retrocedió 1.6% y sus pasivos avanzaron 12.4%; en Sonora, el ITAEE cayó 0.6% y su endeudamiento creció 19.8 por ciento.

En el caso de la ciudad de México, la economía registró una baja marginal de 0.1%, mientras que su deuda aumentó 6.8 por ciento.

Esto no debe sorprendernos, pues el federalismo fiscal en México es letra muerta. Los estados tienen todos los incentivos del mundo de endeudarse, gastar y gastar más de manera irresponsable y luego pedir-exigir- a la Federación que los rescate, que les dé más recursos para proseguir con su sangría financiera.

Gran parte de la recaudación de los estados y municipios proviene de la federación, pues de cada peso que reciben, estos sólo recaudan de entre 10 y 15 centavos del presupuesto que ejercen. En un sistema federal sano, debería ser al revés, los estados miembros de una República sostendrían a la federación financieramente hablando. La mayor parte de la recaudación provendría de los mismos estados y estos enfrentarían el costo económico y político de endeudarse irresponsablemente. Esta era la situación que prevalecía en la república juarista. Lamentablemente, la llegada del gobierno revolucionario terminó con todo este orden financiero y terminó por someter a todos los estados a un espantoso y enfermizo centralismo. Luego, llegó un proceso vigoroso y saludable de descentralización, pero incompleto. A los estados se les dieron más capacidades de gasto, pero no se crearon los incentivos para que estos recaudaran más y enfrentaran las consecuencias de un gasto y endeudamiento irresponsable.

Ahora que regresa nuevamente al poder Ejecutivo el gobierno revolucionario, se regresa a centralizar una parte del gasto que ejercen los gobernadores. Ante los abusos y corrupción rampante de muchos de los “gober preciosos” (es escandaloso y vergonzoso oír como estos gobernadores se han hecho de aviones privados, bienes raíces costosos en el extranjero y han ejercido el nepotismo y enriquecido a parientes compadres y amigos), la federación ha decidido regresar a ejercer algunas facultades de gasto como sucede en el rubro de salud y educación. 

Recientemente el Senado también anunció que intentará imponer límites al endeudamiento irresponsable de estados y municipios. El pleno del Senado aprobó en lo general, con 85 votos en pro y 13 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios para permitir que se conforme una Comisión Bicameral que vigile la deuda de las entidades federativas.

Esto es un buen signo para poner en cintura a los gobernadores gastalones y corruptos, pero aún no es la salida ideal. Además habría que ver cómo se implementarán dichas medidas para que sean eficientes. 

Por otro lado, no todos los gobiernos y municipios son iguales, algunos están preparados para una rápida descentralización y otros francamente se encuentran muy rezagados y es en donde los gober preciosos hacen y deshacen a su antojo. 

Me gustaría recordarles a los señores legisladores lo siguiente para que se limite el abuso del gasto y endeudamiento de los estados. Si quieren que los candados a los excesos presupuestarios funcionen deben reunirse al menos tres elementos [1]:

a) marco regulador que impone límites en el déficit; b) reglas que determinan la elaboración del presupuesto por el ejecutivo (en estados y municipios), la discusión en el Congreso (congresos estatales y cabildos) y su ejecución y monitoreo; c) procedimientos y prácticas asociadas con la transparencia del proceso presupuestario.

Está muy lejos de ocurrir estos requisitos en nuestro gobiernos subnacionales (estados y municipios), aún cuando hace unos años se aprobó que se estandarizaran los estados financieros de estados y municipios. Una cosa es aprobar una ley y otra implementarla.

Las deficiencias en las cuentas financieras y en sus informes hacen difícil evaluar el cumplimiento gubernamental. Los ciudadanos, con frecuencia, no tienen acceso a la información financiera de sus jurisdicciones y, por tanto, son incapaces de evaluarlas y comparar su desempeño con otras comunidades. Además, es común que no existan bases de datos que proporcionen información financiera acerca del desempeño de los niveles estatales y municipales y, en consecuencia, este desempeño no puede ser revisado sistemáticamente para proporcionar ya sea penalidades o gratificaciones (véanse Winkler, 1994; y Hernández Trillo, 1997). Definitivo, un obstáculo a la descentralización es la capacidad institucional de estados y municipios.

El perfil profesional de los funcionarios es otro factor determinante de las capacidades institucionales en gobiernos subnacionales. De manera particular, este aspecto es importante para el caso mexicano, caso en el que, al no existir un servicio civil de carrera, los diferenciales en capacidades profesionales y formación educativa pueden llegar a ser muy grandes entre gobiernos del mismo nivel e, incluso, entre dependencias dentro de cada administración estatal o municipal (la reelección de alcaldes puede apuntar en sentido correcto para ir corrigiendo esta situación).

La formación profesional y experiencia sí cuenta, sobre todo cuando vemos que futbolistas y gente de la farándula desean ejercer el poder y no están preparados para ello. Lamentablemente, muchos de los gober precisos poseen una licenciatura, y aún así cometen pifias o cometen actos de corrupción, pero insistimos, eso es gracias al nefasto arreglo institucional en que opera el federalismo mexicano.

Debe aumentar la rendición de cuentas, pero esto va aparejado con medidas de homogeneización en la estructura de incentivos de los estados y municipios. De otro modo, seguiremos escuchando escandalosos actos de corrupción y endeudamientos irresponsables en estados y municipios. Es hora de ponerle candados a los gober preciosos pero para ello no basta con que los políticos vigilen e intervengan.

Es necesario diseñar mecanismos para que la ciudadanía se entere en qué y cómo gastan sus impuestos los gobernantes. De otro modo los estados y municipios seguirán gastando mal y endeudándose irresponsablemente, lo que luego se puede volver un serio dolor de cabeza para las finanzas públicas, lo que se traduciría en más carga tributaria para los contribuyentes y ello sería muy grave e injusto.

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