México, su población, ganaría si se transita hacia un arreglo institucional más eficiente, uno caracterizado por un marco legal en el cual los derechos privados de propiedad estén eficiente y transparentemente definidos, uno en donde estos derechos estén protegidos y garantizados por un Poder Judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos, uno en el cual las barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados sean mínimas tal que sea "barata" la movilidad sectorial y regional de los recursos productivos. Los mexicanos también ganaríamos si los recursos que el gobierno nos extrae a través del sistema tributario, más los que se allega con deuda (que no son más que impuestos futuros) se ejercieran eficaz y eficientemente en la provisión de servicios públicos y en rubros que tengan, desde el punto de vista social, una rentabilidad positiva.

Aunque la sociedad en general experimentaría una mejoría de su bienestar con un mejor arreglo institucional, hay quienes se benefician del statu quo y se oponen a semejantes cambios dado que el marco prevaleciente les permite obtener rentas. Ejemplos de ello abundan: empresarios que tienen poder monopólico por la existencia de altas barreras de entrada a los mercados, burócratas que tienen la facultad de administrar discrecionalmente la regulación y que les permite extorsionar a los agentes económicos privados, funcionarios públicos que asignan contratos de obra o de proveeduría a cambio de un "moche", líderes sindicales que utilizan su poder para enriquecerse, partidos políticos que diseñan la legislación político - electoral para recibir enormes transferencias del pueblo, diputados y senadores que reciben jugosas bolsas de recursos que ejercen con opacidad para su propio beneficio, burócratas que administran programas y ejercen recursos públicos de manera ineficiente y con poca trasparencia y, en muchos casos, en rubros que tienen valor presente negativo.

Lo anterior adquiere relevancia ante la significativa reducción que experimentaran los ingresos del sector público el próximo año derivada de la menor plataforma de producción de petróleo y el bajo precio de este recurso. Tanto el presidente Peña como el Secretario de Hacienda han señalado que se requiere de una ajuste estructural del gasto público, uno enfocado a hacer más eficiente y eficaz el gasto que el gobierno ejerce, erogando los recursos en aquellos programas que efectivamente hagan una contribución al crecimiento económico y al bienestar de la población en su conjunto, lo que se ha denominado como "presupuesto con base cero". En este año, el sector público federal ejercerá un presupuesto de 4.5 billones de pesos y su efecto sobre ambas magnitudes ha sido prácticamente nulo, por lo que la reingeniería del presupuesto es urgente. Sin embargo, para lograrlo, se tienen que vencer la resistencia que existirá a tal cambio estructural. Destacan tres.

Primero, los diputados que buscarán la aprobación de determinados renglones de gasto para transferir recursos a grupos de interés ("pork barrel programs"). Segundo, los propios burócratas, desde Secretarios de Estado hacia abajo, que administran los actuales programas y que los defenderán como "gato panza arriba", argumentando que sus programas son cruciales para que el país no se desmorone. Y tercero, gobernadores, presidentes municipales y senadores que presionaran para que los recursos asignados a sus entidades federativas no se recorten.

El próximo año el gobierno enfrentara una restricción presupuestal "dura": menores ingresos y un muy bajo margen para incurrir en un déficit fiscal. El dispendio gubernamental no puede continuar. El cambio estructural del presupuesto público es indispensable y la pregunta es si el presidente y su Secretario de Hacienda podrán vencer las resistencias.