Un error muy común es afirmar que el gobierno es dueño de recursos, incluyendo edificios, automóviles, helicópteros y aviones, tanques y ametralladoras, artículos de oficina o las ahora denominadas "empresas productivas del Estado", es decir PEMEX y CFE. Es un error porque en realidad el gobierno no es propietario de algo. Los recursos que el gobierno administra son propiedad de todos los mexicanos, son propiedad de la Nación. Y es aquí en donde existe un problema que, vale la pena señalar, no es exclusivo de México y me refiero a la ausencia de una eficiente definición de los derechos de propiedad sobre los recursos que un gobierno administra y que da lugar a un problema de agencia.

En una empresa privada, el objetivo del dueño es maximizar las utilidades. Si el propietario es simultáneamente el administrador, no se presenta el problema de agencia ya que los intereses del dueño y del administrador, siendo la misma persona, coinciden y de ahí que buscará operar con la mayor eficiencia posible. Por otra parte, si son varios los propietarios de una empresa, normalmente designarán a un administrador para que opere la empresa y es aquí cuando puede surgir el problema de agencia ya que los intereses del agente (el administrador que busca maximizar su propio nivel de bienestar) no necesariamente coinciden con los intereses del principal (los dueños). Aunque el objetivo de los propietarios sigue siendo la maximización de utilidades, estarán dispuestos a sacrificar algo de éstas a cambio del ahorro en costos que significaría administrar directamente la empresa, siendo esto aún más relevante cuando se trata de una empresa pública, es decir una que colocó parte del capital en el mercado accionario.

Cuando se presenta la situación arriba descrita, el problema de agencia está sin embargo acotada. Si los accionistas perciben que el administrador no está haciendo bien su trabajo lo despiden y nombran a alguien más, sobre todo si existe la amenaza de una compra hostil por parte de un competidor y de ahí la importancia de tener un auditor externo que evalúe el trabajo del administrador.

Cuando, por otra parte, estamos hablando de los recursos que el gobierno administra, el problema de agencia es mucho más importante y da lugar a dos fenómenos: ineficiencia y corrupción. En México, el principal somos los 120 millones de habitantes; el agente, al nivel federal, es el Presidente y sus subalternos, desde los Secretarios hasta el empleado gubernamental de menor nivel, repitiéndose la misma estructura en los gobiernos estatales y municipales. Los mexicanos, para supervisar el trabajo de los administradores, también contratamos auditores; al nivel federal la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación.

Es claro que existe un gran problema de agencia en el gobierno que merma el bienestar de nosotros los principales. La ineficiencia con la cual el gobierno opera y ejerce los recursos públicos es notoria: desperdicio, programas mal diseñados, programas que no se justifican, etc. Ahí están los reportes de la ASF sobre el ejercicio del presupuesto y nuestros representantes, los Diputados, papando moscas.

Además, dado el enorme problema de agencia, se presenta el fenómeno del uso de recursos públicos para beneficio personal y que no es sino una forma de corrupción: desde el uso de un helicóptero para ir de la casa al aeropuerto hasta sustraer recursos de una oficina de gobierno para surtir los útiles escolares de lo hijos.

Solucionar, o por lo menos aminorar este problema es muy difícil. La ASF requiere, en consecuencia, más dientes y que sus hallazgos tengan consecuencias.