El Fondo Monetario Internacional publicó sus más recientes pronósticos de crecimiento económico para este año, estimando que la economía mundial se expandirá en 3.4%. Para América Latina y el Caribe, el crecimiento estimado es de sólo 0.9%, una reducción respecto del pronóstico anterior de 1.3%, disminución atribuible en gran parte a la estrepitosa caída de Venezuela (-7%), así como a una contracción esperada de la economía argentina (-0.3%) y de la brasileña (-1%). Para México, el FMI redujo su estimado de 3.3% a 3%, en línea con las estimaciones internas, pronosticando para el próximo año un crecimiento de 3.5%.

Por otra parte, Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI, al referirse específicamente a México, apuntó que el crecimiento de 3% no está mal dado que es únicamente 0.4 puntos porcentuales menor a la tasa esperada para el mundo. Señaló, además, que las reformas estructurales podrían agregarle un punto de crecimiento anual a la economía, por lo que se alcanzaría una tasa de expansión de largo plazo de 4%. SÓLO UN PUNTO.

Es cierto que no se le pueden pedir peras al olmo, pero el que las reformas estructurales sólo le agreguen un punto al crecimiento es insuficiente para abatir significativamente la alta incidencia de pobreza y lograr un sostenido fortalecimiento de la clase media y hacer del consumo interno una fuente sólida de expansión y no depender, como hasta ahora, de las exportaciones. Es necesario actuar en otras áreas que hasta ahora no han recibido la atención debida. Señalo tres.

Primero, la economía mexicana se encuentra excesiva e ineficientemente regulada. Las enormes barreras regulatorias en los diferentes mercados, sean de bienes o de factores de la producción, encarecen el crecimiento económico. Altos costos de transacción inducen que una parte significativa de la actividad económica se lleve a cabo en la informalidad, inhiben la inversión y la introducción de cambios tecnológicos en la producción, principal fuente de crecimiento de la productividad factorial total. Además, esta excesiva regulación le permite a quienes la administran (la burocracia) aprovechar su posición para actuar como buscadores de rentas, es decir, genera corrupción. En consecuencia, es indispensable avanzar hacia una menor y más eficiente regulación, particularmente en los estados y municipios, venciendo la resistencia que los propios funcionarios públicos pondrían ya que sus rentas desaparecerían.

Segundo, no se ha puesto prácticamente ninguna atención en el que es quizás el eslabón más débil de la cadena: el poder judicial como garante de los derechos privados de propiedad y del cumplimiento de contratos. El que no exista certidumbre de que en caso de que un contrato mercantil se viole, la parte afectada pueda acudir ante el poder judicial que de manera imparcial, eficiente y expedita obligue a la parte que violó el contrato a cumplirlo o adjudicar las garantías establecidas en el mismo, deriva en una menor tasa de inversión y en una asignación socialmente ineficiente de recursos lo que inhibe el crecimiento. Los poderes judiciales estatales, que son en donde se dirimen prácticamente todos los juicios mercantiles, no son en su mayoría independientes, imparciales, eficientes y expeditos, registrándose así mismo una alta incidencia de corrupción.

Tercero, la notoria ineficiencia e ineficacia con la cual se ejerce el gasto público en los tres niveles de gobierno y que deriva en que su contribución al crecimiento es prácticamente nula. Programas que no tienen por qué existir, duplicidades, mal diseño e implementación, etcétera, significan un desperdicio de recursos con un alto costo social.

Necesitamos crecer a tasas superiores al 5%. Un punto no es suficiente.