Si bien nos va, este año la economía crecerá 3%, mejor que los dos anteriores 1.4% y 2.1%), pero a todas luces insuficiente para abatir significativamente el desempleo y subempleo, así como aumentar los salarios reales y el bienestar general de la población. Las reformas estructurales que se han promulgado en los últimos dos años, que van en la dirección correcta y suponiendo que son bien instrumentadas, tardarán en dar frutos. Sin embargo, apostar todo a que estas reformas por sí mismas impulsarán el crecimiento hacia tasas mayores al 5% es ilusorio. En la economía siguen existiendo innumerables barreras que inhiben el crecimiento. Destaco cuatro.

La primera es la excesiva, ineficiente y muchas veces estúpida regulación que se impone sobre los mercados, destacando la de carácter estatal y municipal. Tener que destinar una enorme cantidad de recursos para obtener permisos y licencias (incluidas los pagos que hay que hacerle a los burócratas, expertos en la extorsión), obviamente encarece la apertura de nuevos negocios y el crecimiento de los ya existentes, lo que repercute en una menor inversión. Pero además, dado que crear o expandir empresas es muy caro, se induce a que una parte significativa de la actividad económica se realice en la informalidad, en unidades económicas muy pequeñas operando con tecnología obsoleta y sin poder generar economías a escala, lo que se traduce en una productividad muy baja y estancada. En este muy importante elemento del arreglo institucional, nada se ha hecho.

El segundo, es el muy elevado costo en el que incurren las empresas cuando se ven obligadas a acudir ante el poder judicial en el caso de incumplimiento de contratos. Los juicios mercantiles duran años con el consecuente altísimo costo para las empresas cuyos derechos de propiedad fueron violentados por un tercero, costos que incluyen los recursos no obtenidos y el costo mismo de los procesos judiciales que, vale la pena señalar, están plagados de corrupción. La ausencia de un poder judicial imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos es una de las principales causas del bajo crecimiento económico. En este otro aspecto del marco institucional, tampoco se ha hecho algo.

El tercero, que es un enorme lastre para la economía en su conjunto, es la existencia de una todavía muy grande agricultura tradicional, caracterizada por producir en predios muy pequeños y con tecnología muy obsoleta. Que casi 20% de la PEA sólo genere el 3% del PIB, nos indica que el arreglo institucional en el sector primario es notoriamente deficiente e ineficiente. La política gubernamental sólo se ha enfocado a transferir cada vez más recursos a la agricultura tradicional sin siquiera atender los problemas estructurales derivados de un pésimo arreglo de la tenencia de la tierra. La política agrícola y agraria lo que ha generado es la perpetuación de la pobreza en las zonas rurales. Aquí tampoco se ha hecho algo.

El cuarto, es la política fiscal. El gobierno le extrae a los agentes privados una enorme cantidad de recursos vía impuestos y contribuciones al sistema de seguridad social (que no son más que un impuesto a la utilización de mano de obra en las empresas formalmente establecidas) y su aportación al crecimiento a través del gasto público es prácticamente nulo. ¿Cuánto del gasto público es solamente desperdicio de recursos?

Si estos cuatro elementos no se atienden, a pesar de las reformas, la economía seguirá teniendo un desempeño mediocre, con tasas de crecimiento que difícilmente pasarán del 4%, notoriamente insuficiente.