Llevo viajando por Europa un par de semanas, conversando con mucha gente sobre las noticias más prominentes en los medios. Me ha sorprendido la cantidad de opiniones devastadoramente negativas sobre la vergonzosa y espectacular escapatoria del Chapo Guzmán de lo que mis interlocutores llaman, con sonrisa socarrona, una prisión de “máxima seguridad en México.”

Las preguntas se suceden en rápido tropel sobre cómo es posible que algo así ocurra en un país del tamaño y la importancia relativa del nuestro, con una población mayor a la de todos los países que he visitado sumados, y con un producto interno bruto que sólo es inferior al de Alemania.

No es fácil explicar de manera persuasiva que la misma administración pública que consiguió  hacer profundas reformas que no se habían podido concretar en tres gobiernos sucesivos durante casi dos décadas,  y que se aprobaron en menos de tres años, haya mostrado tal torpeza y tolerado los niveles de corrupción e ineptitud sin los cuales la increíble fuga es impensable.

Quizá el comentario más preocupante que he oído, tiene que ver con la subastas para explotar campos de petróleo y gas natural que se iniciaron anteayer, puesto que a la luz de la debilidad institucional que evidencia la escapatoria del Chapo, ¿quién asegura a los inversionistas que opten por explotar nuestro petróleo que sus derechos e inversiones serán protegidos?

Por más que he tratado de explicar a mis interlocutores que el equipo a cargo de las reformas energéticas está integrado por gente profesional de primer nivel, que han diseñado un proceso que enfatiza la transparencia e impide la corrupción, persiste la duda de que en tratándose del mismo gobierno, a la hora de defender los derechos de los inversionistas en la nueva industria energética del país se tiene la misma administración de justicia que permitió la fuga.

La otra pregunta que no es fácil responder es ¿por qué no se deportó al Chapo a Estados Unidos?

La actitud del actual gobierno desde el inicio de su gestión, fue que las administraciones previas contemporizaron demasiado con las autoridades judiciales de EU y que eso iba a cambiar, en una especie de regreso al “nacionalismo revolucionario” que varios regímenes priistas presumieron.

Recuerdo que el impresentable Manuel Bartlett, secretario de Gobernación entre 1982 y 1988, presumía que nuestro país nunca extraditaría a quien hubiera delinquido en México aunque también lo hubiera hecho en otros países, que estaban en todo su derecho de pedir su extradición, lo que sólo cambió cuando México empezó a dejar ese provincialismo ramplón.

La administración de Peña Nieto supuso, con gran inocencia, que regresar a la secretaria de Gobernación las facultades que se le habían encomendado a la nueva secretaria de Seguridad Pública desde el gobierno de Vicente Fox, sería suficiente para restaurar el control que el poderoso ministerio del interior solía tener hasta que lo desmontaron por completo en 2001.

Por desgracia ello no ocurrió así, en buena medida porque el gobierno federal abandonó el férreo control que tenía en todo el territorio mediante los gobiernos estatales que independientemente de su partido, estaban en buena medida sujetos al dominio de su autoridad, lo que ya no es el caso pues hoy los gobernadores ignoran sistemáticamente lo que la federación les pide.

En estos tres años poco se ha hecho por cambiar el modelo de seguridad nacional, al tiempo que el tramo de control administrativo de Gobernación se volvió inmanejable sin haber recuperado las riendas del control territorial perdido hace doce años. Tampoco  se han privilegiado las labores de inteligencia en seguridad nacional, en manos de gente sin oficio en esa materia.

Me temo también que se le va a complicar al gobierno la relación con EU, país con el que seguimos sin tener embajador desde hace más de cuatro meses, pues sus agencias a cargo del combate al tráfico de drogas denunciarán con dedo flamígero, las fallas de las autoridades mexicanas, señalando la fuga del peor de los narcotraficantes como el mejor ejemplo.