Miami (AIPE)- Echamos de menos aquellos tiempos históricos en que los congresistas eran gente común y corriente que por amor a su patria dedicaba unos pocos meses cada año a servir a la nación en funciones legislativas. Hoy los políticos profesionales invierten millones de dólares en sus campañas electorales para llegar al Congreso o a las legislaturas estatales y su objetivo suele ser redactar más y más leyes y decretos para imponer su visión de lo “justo” y lo “conveniente” a todos los demás. El plan es pasarse el resto de la vida en importantes cargos públicos y disponer lo que la gente puede o no hacer. Ese es el camino seguro a la utopía descrita por George Orwell, donde la gente sólo puede hacer aquello que la ley expresamente autoriza y le permite.

La república fue originalmente concebida para garantizar a cada ciudadano su libertad y el respeto a su inviolable derecho a la vida, la propiedad y la búsqueda de su propia felicidad, siempre y cuando respetase también los mismos derechos a todos los demás. Así la Constitución de Estados Unidos fue redactada para defender a los ciudadanos de los excesos de los gobernantes, limitando estrictamente el alcance y el crecimiento del gobierno. Pero el Código Criminal Federal tiene hoy más de 1.400 páginas y el Registro Federal, donde se publican las leyes federales y los decretos presidenciales, tiene 75.000 páginas.

Los políticos locales y estatales no se han quedado atrás, razón por la cual la policía dedica la mayor parte de su tiempo a imponer multas por exceso de velocidad, a detener a madres que llevan a sus hijos pequeños en sus automóviles sin las sillas y amarras impuestas por la ley, a encarcelar a enfermos que para aliviar espantosos dolores fuman marihuana y a jóvenes que lo hacen por placer, a arrestar personas por broncas familiares, a encarcelar a quien osó manejar luego de tomarse tres bebidas alcohólicas en lugar de una y por el incumplimiento de otros miles de reglamentos, ordenanzas y regulaciones. Cuando los políticos y cabilderos creen saber más que las madres lo que más conviene a los hijos es porque sus ínfulas sobrepasan toda racionalidad.

La población ha aprendido en las escuelas públicas que el gobierno existe para ayudarlos, por lo cual casi toda conversación sobre algún problema termina concluyendo que el gobierno debe intervenir. Un resultado directo de esa errada concepción de la razón de ser del gobierno es que el número de gente en las cárceles de EEUU está creciendo en más de 3% al año y ya sobrepasan 2 millones de personas, lo cual es 10 veces el número de encarcelados en 1970. ¿Ha aumentado la criminalidad en esa proporción o más bien se ha multiplicado por 10 la criminalización del actuar de la ciudadanía?  

Desde luego que éste no es solamente un trágico problema norteamericano sino mundial. Por una parte están las instituciones multilaterales imponiendo regulaciones globales que multiplican el poder de una burocracia internacional que ha llegado a posiciones de inmenso poder sin haber sido elegida por la gente y así vemos la imposición de medidas realmente criminales, como la prohibición del uso de DDT, lo cual es directamente causante de que 400 millones de africanos sufran de malaria y un millón de ellos muera cada año de esa enfermedad.

Al mismo tiempo, los gobiernos nacionales alrededor del mundo fomentan el crecimiento indiscriminado de leyes y regulaciones, lo cual se utiliza descaradamente para concentrar el poder y llenar el bolsillo de los políticos y de sus grupos de protegidos.

___* Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.

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