La Profeco ha dicho que no permitirá aumentos injustificados de precios lo cual, más allá de la respuesta a la pregunta ¿cuándo un aumento de precios resulta injustificado?, supone poner en práctica el control de precios, fijando un precio máximo por arriba del cual no se debe ofrecer una mercancía, lo cual desde el punto de vista ético resulta injusto y desde la perspectiva económica ineficaz. Injusto porque el gobierno prohíbe al vendedor ofrecer su mercancía al precio que considere más conveniente, precio ante el cual el demandante decide si compra o no. Ineficaz porque, si realmente se trata de un precio máximo, el mismo genera escasez de la mercancía en cuestión. Lo primero supone un abuso y lo segundo un disparate, ¡cometidos por el gobierno!

Cualquier procuraduría del consumidor debe velar por los derechos del consumidor, no por sus intereses. ¿Tiene el consumidor el interés de que las mercancías se le ofrezcan el menor precio posible? Claro que sí. ¿Tiene el derecho de que se le ofrezcan a tal precio? Claro que no. La amenaza de la Profeco en el sentido de que no permitirá aumentos injustificados de precios supone una actuación a favor de los intereses de los consumidores y no de sus derechos, pese a que su misión es, y cito del documento oficial, “proteger y promover los derechos de las y los consumidores”. ¿Arbitrariamente han identificado intereses con derechos?

El tema del control de precios inicia en la Constitución, en cuyo artículo 26 leemos que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”, algo que, de llevarse a la práctica, resultaría injusto e ineficaz, razón más que suficiente para que se elimine de la Constitución. De hecho debe eliminarse todo su capítulo económico, que no es más que un enorme disparate, inspirado, fundamentalmente, en el marxismo, en contra de la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal.