La discriminación en base a cuestiones étnicas ha sido repudiada por quienes proclaman la igualdad de derechos ante la ley, y es hecho de igual forma por los Estados al reconocer y comprometerse a garantizar estos derechos inalienables del hombre. Sin embargo, hoy en día muchos venezolanos parecen apoyar esta exclusión, aplicada de forma coercitiva a través de las medidas de deportación compulsiva de colombianos que fueron ejecutadas recientemente por el gobierno de Venezuela.

Un individuo es realmente libre cuando puede tomar la decisión de excluir a otro individuo sin afectar sus derechos individuales, dado que nadie está forzado a someterse a las consecuencias de dicha decisión, buena o mala. Lo inaceptable es que un gobierno discrimine legalmente, como lo ha hecho el  venezolano, a través de su estado de excepción aplicado en la frontera de Venezuela y Colombia, emitido de forma extraordinaria y violando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que él mismo suscribe, en cuanto a la notificación a otros Estados Partes sobre dicha medida.

Como ciudadana venezolana, siento la obligación moral de responderles a aquellas personas que toman una postura discriminatoria hacia los ciudadanos colombianos, en este caso en particular, o hacia cualquier otra persona, en virtud de mi valoración a la libertad personal y a la vida. Un pedazo de mi nación denuncia a los colombianos argumentando que son todos delincuentes, apoya su deportación basándose en el principio de soberanía (derecho a resguardar la frontera) e incluso reclama que éstos sean despojados de todas sus pertenencias.

Debo replicar estos argumentos irracionales e incivilizados diciendo, primeramente que el principio de soberanía no justifica violar derechos humanos y resulta meramente contradictorio (aunque predecible por su reputación) que sea el mismo gobierno venezolano quien los menoscabe, siendo signatario de convenios internacionales relativos a derechos humanos a los que nuestra propia constitución les otorga carácter supraconstitucional y, en base al principio de progresividad, a las normativas que benefician no sólo a los ciudadanos sino a todos los habitantes de nuestro suelo. En suma, nuestro orden jurídico no sólo reconoce los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino que valora, respeta y defiende la dignidad humana de manera universal.

En segundo lugar, la falacia de pensar que “como hay delincuentes en Venezuela que son colombianos, todos los colombianos son delincuentes” no es un argumento razonable ni una justificación para desgraciarle la vida a las personas por hechos que el propio régimen ha ocasionado. Los delincuentes van a seguir existiendo, igual los traficantes de productos regulados, también la corrupción y la impunidad. Esta situación va más allá de las fronteras y de las nacionalidades. Si se piensa que éstas son las medidas correctas, entonces no se puede pensar que los venezolanos merecemos trabajar o buscar hogar en otro país, ya que algunos son delincuentes, tienen mala fama o van a comenzar una “guerra económica” cuando se mudan al exterior.

Estos problemas no se solucionan culpando a otros, sino reivindicando la institucionalidad, donde los gobernantes cumplan con sus deberes de garantizar seguridad e impartir justicia. Si los colombianos deben ser deportados por crímenes o cuestionamientos de residencia ilegal, merecen un debido proceso (lo que se traduce en un juicio justo) o como mínimo un preaviso de desalojamiento. Sea de nuestro agrado o no, los extranjeros son seres humanos y sus derechos no dependen de lo que una persona o la mayoría piense.

Tengo amigos colombianos que se han instalado en el país de manera honrada, constituyen sus negocios de forma legal y honesta, generan empleo y pagan sus impuestos. Si queremos vivir aislados de todos y estar encerrados entre muros, entonces Cuba o Corea del Norte serían un buen destino para mudarnos. Si nos molesta que alguien con otra nacionalidad o idioma, sin ayuda ni apoyo familiar, prospere y sea emprendedor en nuestro país, entonces el problema está en nosotros, no en ellos.

Una mayor apertura de fronteras es lo que caracteriza a un país desarrollado, y nos da la posibilidad de convertirnos en ciudadanos del mundo, pudiendo superar límites geográficos y barreras lingüísticas en libertad para instalar nuestro hogar en cualquier parte. Contrariamente, el destino del venezolano está sujeto a la voluntad de adoptar una moral racional o de condenarse a la involución por su propia idiosincrasia.

* Aída Mesa es Internacionalista en Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
Fuente: HACER