Entre las diez medidas que propuso Peña Nieto en su último mensaje a la nación está una que no es nueva: ya había sido propuesta por el presidente en ocasión anterior con el nombre de Acciones para el Sur. Me refiero a la intención de hacer de estados como Guerreo, Oaxaca o Chiapas zonas económicas especiales, con la intención de combatir la pobreza y la desigualdad, que son mayores en esos estados que en el resto del país.

Acciones para el Sur es un decálogo que incluye, como ya lo escribí en otro lugar, de todo un poco, “desde medidas legítimas del gobierno en apoyo al progreso económico, como la inversión en infraestructura, pasando por el otorgamiento de privilegios tributarios, como lo es el trato diferenciado en materia de impuestos, hasta llegar al populismo económico, por ejemplo la oferta de créditos de parte del Gobierno, todo ello producto del eclecticismo de quienes no tienen claro cuál es el camino correcto al progreso económico, cuyo tramo inicial —el más importante por ser el primero— consiste en hacer valer, con gobiernos honestos y eficaces, el Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, es decir las que reconocen, definen y garantizan los derechos reales de las personas,” Estado de Derecho que la propuesta presidencial a favor de los privilegios tributarios viola, ya que supone no cumplir lo dicho en el artículo 31 constitucional en el sentido de que el cobro de impuestos en México debe ser equitativo, equidad que, independientemente de cómo se la entienda, sí excluye cualquier tipo de trato diferenciado en materia de impuestos: cobrarles a unos sí y a otros no.

¿Por qué no pretender, en vez de zonas económicas especiales, un País Económicamente Especial, que supondría, entre otras cosas, el Impuesto Único a la Compra de Bienes y Servicios de Consumo Final, con el cual se recaudaría 80 por ciento más, ¡más!, de lo que se recauda (tema del que ya escribiré en próximas entregas)? ¿Por qué no?