Los pronósticos de la tasa de crecimiento de la economía mexicana se siguen ajustando a la baja tanto por parte de analistas privados como por parte de organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y CEPAL), tal que se espera que este año se alcance una tasa de entre 2 y 2.3% y para el próximo año, con suerte, una cercana al 3%. A todas luces insuficiente para lograr abatir de manera significativa la pobreza y lograr un aumento de los salarios reales. Un escenario internacional complicado, con la economía china en franca desaceleración, la caída en el precio de las materias primas, un crecimiento débil de la economías europeas, la incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de cuándo y en cuánto aumentará la tasa de fondeo, etcétera, son algunos elementos que influyen sobre el desempeño de la economía mexicana pero no son los más importantes. Las causas de que la economía mexicana crezca a tasas tan bajas son fundamentalmente internas y se derivan de un arreglo institucional ineficiente, uno que no genera los incentivos adecuados y alineados con el objetivo de mayor crecimiento económico y se centran en una sola variable: la ausencia de un íntegro estado de derecho. A continuación tres elementos que destacan.

Primero, la corrupción. En el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional nos situamos en el lugar 103 de 175 países evaluados. Vivimos en un país notoriamente corrupto, uno en donde este tipo de actos se cometen con impunidad. Corrupción al "menudeo" como son los pagos que hay que hacer para conectarse a las redes de energía eléctrica y agua potable o para que recojan la basura, pagos que hay que hacer para obtener una licencia o permiso, pagos que hay que hacer para obtener un contrato de proveeduría, conflictos de interés en la asignación de obras públicas y más son un cáncer que corroe y que castiga el crecimiento. Es un juego de suma negativo. Mientras no se combata de manera efectiva la corrupción, difícilmente la economía crecerá a mayores y sostenidas tasas y, vale la pena señalar, no existe en el Congreso ni la prisa ni el interés de legislar un paquete coherente del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos mal.

Segundo, la impunidad en la comisión de delitos. Un sistema de procuración y administración de justicia notoriamente deficiente e ineficiente, también corroído por la corrupción, deriva en una tasa de 95% de impunidad en la comisión de delitos del fuero común. Asesinatos, robos, asaltos, violaciones, extorsiones, trata de personas, fraudes, etcétera, son todos ellos un atentado a los derechos privados de propiedad y generan no solamente un daño a la persona o empresa sujeta del delito, sino también un daño a la sociedad en su conjunto. La impunidad con la cual se cometen los delitos en México afecta negativamente el crecimiento. Al respecto, nada se hace; vamos mal.

Tercero, la deficiente e ineficiente garantía judicial del cumplimiento de los contratos. Una economía en la cual el poder judicial no cumple con su labor primordial que es garantizar los derechos privados de propiedad, en particular ser el garante del cumplimiento de contratos entre agentes privados y entre éstos y el gobierno, incide negativamente sobre la inversión y el crecimiento. Y aquí tampoco hay ningún avance. Meses y hasta años pueden pasar en un juicio mercantil o hipotecario, en procesos que en muchas ocasiones están plagados de corrupción, inhiben la asignación eficiente de recursos y el crecimiento.

Y así, o construimos un verdadero estado de derecho o seguiremos a tasas mediocres.