En el maratónico cónclave que se llevó a cabo la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar la situación de los derechos humanos en nuestro país, se puso en el banquillo de los acusados al Estado mexicano de principio a fin.

En sesión tras sesión, una colección variopinta de denunciantes acarreados a Washington por la CIDH, denunciaron todo tipo de atrocidades supuestamente cometidas por el Estado mexicano, desde los crímenes ejecutados en Acteal, Chiapas, hace casi dos décadas, hasta los “desaparecidos” de Ayotzinapa hace un año.

Para mi quedó claro que con este circo no se trata de proteger los derechos humanos de nuestros connacionales sino de apoyar una agenda política e ideológica radical contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizando a grupúsculos que en todos los casos lo culpan de hechos que son de la autoría y responsabilidad de otros.

Los funcionarios mexicanos presentes actuaron con dignidad, que no perdieron ante la impertinencia de empleados de la CIDH, como James Cavallaro, quien ironizó al preguntar si el Presidente era el jefe del Secretario de Defensa, pues el primero ofreció cooperar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el General Cienfuegos no permite que cuestionen directamente a sus soldados.

Lo que Cavallaro, con títulos académicos glorificados como el de abogado por la universidad de Berkeley, no parece saber es que la ley en nuestro país sólo permite tales interrogatorios por parte del Ministerio Publico (MP) y no por “expertos” extranjeros con una evidente agenda política, que el gobierno ofreció abrir los expedientes ya en su poder, y que el MP haría tantos más como fuera necesario.

Pero lo más preocupante es que una investigación criminal profesional, que con todos los problemas que se quiera es la que efectuó la PGR, y que condujo a la detención de más de cien delincuentes confesos de la ejecución de los ayotzinapos, se transforme con el beneplácito del gobierno, en una pesquisa política sobre derechos humanos.

Y a partir del estudio del GIEI, que en esencia es una acusación directa al Estado mexicano –nótese que les encanta usar este exaltado título cuando quieren decir el gobierno federal-, se concluye que la indagatoria de la PGR es una fabricación y que los asesinos confesos habrán de quedar en libertad, como han escrito mis estimados colegas Fernando Amerlink (Asuntos Capitales) y Pablo Hiriart (El Financiero).

Las imputaciones de la CIDH son abrazadas sin el menor análisis por ese ruidoso segmento de la sociedad que culpa a Peña Nieto de todo lo malo que ocurre en el país, y que en días pasados tuvo el descaro de acusarlo de haber exagerado el peligro del huracán Patricia ¡como una cortina de humo para distraer a la población!

Ahora empezará una nueva indagatoria en la que el gobierno de México, mediante la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y no la que persigue al crimen organizado, bailará al son que le toque la CIDH, incluyendo designar un nuevo fiscal y remplazar al veterano equipo que ha venido investigando el caso: ¡qué barbaridad!

Me temo que si las autoridades pretenden granjearse las simpatías de sus enemigos con las concesiones que le han hecho a la CIDH, ello no ocurrirá pues su oposición a Peña es irreductible y su agenda es la de atacar al gobierno por todos los medios para contribuir a su desprestigio, a su deslegitimización e, idealmente, a su caída.

La pregunta de fondo es ¿quién está detrás de esto con una abultada chequera para financiar protestas sin fin y viajes de los ayotzinpapás y sus “representantes” por el mundo entero? ¿Quién se beneficia que la indagatoria criminal, que incluía a bandas de narcotraficantes, se trueque en inculpar al Estado de violar derechos humanos?