Cuando un individuo decide libremente consumir drogas lo hace porque, a pesar de saber el daño que le puede causar, encuentra satisfacción en su consumo, al igual que el que decide consumir cigarros sabiendo que esto es causa de cáncer o de enfisema pulmonar, como sucede con quien consume alcohol sabiendo que ello le puede causar cirrosis o al igual que quien consume garnachas, comida chatarra y refrescos, sabiendo que ello puede derivar en obesidad e inclusive diabetes. Los cigarros, el alcohol, las garnachas y los refrescos son bienes cuya producción, comercialización y consumo son legales; no así con las drogas.

John Stuart Mill en su famoso Ensayo sobre la Libertad afirmó: "La única razón por la cual el poder puede, con pleno derecho, sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás".

A lo anterior podemos añadir lo que señaló Tomás de Aquino en la Summa Theologica: "Ahora la ley humana está enmarcada para un número de individuos, la mayoría de los cuales no son perfectos en la virtud. Por lo mismo, las leyes humanas no prohíben todos los vicios, de los cuales los virtuosos se abstienen, sino únicamente de los vicios más ofensivos, para los cuales es posible para la mayoría abstenerse y principalmente de aquellos que lastiman a otros, y sin cuya prohibición no es posible mantener la sociedad humana; por eso la ley humana prohíbe el asesinato, el robo y similares".

Partiendo de lo anterior, cuando un individuo decide libremente consumir alguna droga porque lo considera un bien del cual deriva satisfacción, solo él o ella asumen el costo directo de su acto. Como su consumo no le está causando un daño a nadie más, las drogas no tienen por qué ser ilegales. Su prohibición se constituye como un atentado en contra de la libertad individual para elegir qué es lo que más le conviene hacer con sus recursos, incluido su propio cuerpo.

Y es éste, precisamente, el argumento detrás de la ponencia del ministro Arturo Zaldivar que derivó en el amparo concedido en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a los cuatro individuos que buscaron la protección judicial para poder cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana. Con la resolución de la Corte del miércoles de la semana pasada ganó la libertad individual. La resolución abre la posibilidad de que más individuos busquen el amparo; en caso de que otras cuatro sentencias se otorguen en el mismo sentido, se crearía jurisprudencia y el Congreso sería notificado por la SCJN de la inconstitucionalidad de los artículos relevantes de la Ley General de Salud.

Obviamente, el camino a seguir es legalizar y regular la producción, comercialización y consumo de la mariguana y, posiblemente, también el resto de las drogas. En particular respecto de la mariguana, ésta es menos dañina que el tabaco y el alcohol y, ateniéndose al principio de la libertad individual como valor supremo, no existe ningún argumento sólido para su prohibición.

La legalización de la mariguana, al eliminar el riesgo de ser aprehendido por producirla y venderla, derivaría en una reducción de su precio y un aumento de la calidad. Por otra parte, al ya no ser considerado un delito su posesión y consumo, podría derivar en un aumento de la demanda. Y es aquí en donde entra la regulación, particularmente la aplicación de un impuesto, igual que el que se aplica al tabaco y el alcohol.

La prohibición ha sido muy costosa. Urge su legalización.