Finalicé mi artículo de la semana pasada con la frase "el futuro de México está en juego". A pesar de las múltiples reformas al marco institucional que se han venido realizando desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, la economía ha experimentado durante las últimas tres décadas tasas de crecimiento muy bajas, lo que se ha reflejado en la imposibilidad de reducir la muy alta incidencia de pobreza, situación que afecta a casi la mitad de la población. Todas las reformas han ido en la dirección correcta para potenciar un mayor crecimiento pero no han dado el resultado esperado porque falta un elemento central: un íntegro estado de derecho.

Cuando hablamos de un íntegro estado de derecho no solamente se trata de que se cumplan las leyes vigentes, cosa que en nuestro país ni siquiera sucede. El concepto va mucho más allá e incluye cuatro elementos.

Primero, una eficiente definición de los derechos de propiedad. En nuestra Constitución, se considera que todos los recursos pertenecen originariamente a la Nación y es partir de ello que se pueden transferir éstos a los particulares para conformar la propiedad privada. Esta es una muy deficiente definición de los derechos privados de propiedad lo cual inhibe la inversión y el crecimiento.

Segundo, el derecho de uso. En un íntegro estado de derecho, los agentes económicos propietarios de recursos, deben tener la libertad para utilizarlos, según su conveniencia, en aquellos usos que mayor rendimiento o beneficio les rindan, mientras en el uso de esta libertad no atenten en contra de los derechos de terceros. En México tenemos un grave problema al respecto en dos aspectos centrales. Primero, la muy elevada impunidad en la comisión de delitos del fuero común, casi 97%. Segundo, las muy altas barreras de entrada y salida de los mercados que restringen la libertad de uso de los recursos y que además son una fuente de corrupción al facilitar a los funcionarios públicos actuar como buscadores de rentas, lo que les permite extorsionar a los agentes privados. Esto se agrava por las otras formas de corrupción como la que se da en obras y contratos públicos.

Tercero, el derecho de transferencia. En un íntegro estado de derecho los agentes económicos privados deben tener la libertad para transferir los derechos de propiedad de un recurso de su posesión en operaciones de intercambio enteramente voluntarias, lo que exige que todos los mercados, bienes, servicios y factores de la producción, operen en un contexto de libre competencia. En México esto no se da: barreras de entrada a los mercados, persistencia de prácticas monopólicas públicas y privadas, restricciones al comercio internacional, etcétera, son limitantes al ejercicio de esta libertad.

Cuarto, la necesidad de contar con un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que proteja los derechos privados de propiedad cuando éstos sean afectados por terceros, incluidos los actos de gobierno, y garantice el cumplimiento de los contratos. En nuestro país estamos muy lejos de esta condición, sobre todo cuando nos referimos a los poderes judiciales estatales. No contar con un poder judicial que garantice el cumplimiento de los contratos deriva en una asignación ineficiente de recursos además de que inhibe la inversión y por lo tanto el crecimiento.

Para que México crezca a mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico, es indispensable tener un arreglo institucional que garantice el estado de derecho, uno que garantice la libertad individual para poseer, usar y transferir sus recursos porque, es indispensable repetirlo, el futuro de México está en juego.