A los políticos, burócratas internacionales y académicos “verdes” se les llena la boca de colosales alabanzas elogiando lo pactado en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) de la ONU en Paris, que recién terminó el fin de semana pasado, en lo que, en el mejor de los casos, hay que calificar como un acuerdo “aspiracional.”

El convenio promete mantener los aumentos en la temperatura promedio del planeta por debajo del 1.5% de su nivel actual, y fue empujado por ser “lo moralmente correcto” por Christiana Figueres, de la más decantada élite de Costa Rica –su padre y hermano fueron presidentes por más de tres lustros-, como lideresa de la COP21.

Los teólogos del calentamiento global habían adoptado como cota máxima la meta del 2%, por lo que están exultantes del éxito de Figueres en haberla bajado en 0.5%, sin reparar que ambas metas no son asequibles aún si los países cumplen sus promesas a plena cabalidad, y que el costo económico de hacerlo sería estratosférico.

El compromiso alcanzado con tanto bombo y platillo en Paris, abate el calentamiento en virtualmente nada pues implica reducir la generación de CO2 (bióxido de carbono) en 56 giga-toneladas, cuando se requerirían 6 mil giga-toneladas, lo que deja el 99% del problema sin mejoría alguna, mientras que el costo anual fluctúa entre 1 y 2 billones de dólares (trillion en inglés) en términos de menor crecimiento económico.

El principal problema es que las tecnologías “verdes,” sobre todo la solar y la eólica, no compiten con los combustibles fósiles, en especial con el precio del petróleo tocando nuevos abismos en estos días. La energía “verde” chupa 168 mil millones de dólares anuales en subsidios, cifra que será 23% superior en 2040, a pesar de lo cual en ese año apenas el 2.4% de la energía total provendrá de esa fuente.

Lo más lamentable de la hoguera de vanidades que calentó Paris, fue el compromiso de México de cortar la emisión de gases de invernadero y de carbón “negro” en 40% por debajo de la tendencia actual, lo que tendría un costo económico de 80 mil millones de dólares en términos reales en 2030, equivalentes al 4.5% del PIB.

Un país que lleva décadas creciendo muy por debajo de su potencial debido a que el aumento de su competitividad ha sido diminuto, y que ahora será aún más bajo por el mayor costo energético, país que contribuye menos del 1% a la emisión de C02 global, se compromete al suicidio económico y “adopta la más fuerte legislación de cualquier país en desarrollo:” ¡Que locura! ¿A quién queremos impresionar?

El sector privado, en particular los acereros, ha sonado las alarmas sobre la insensatez de nuestros compromisos climáticos, tratando de influir en el Congreso para modificar el proyecto de Ley de Transición Energética, que acaban de aprobar los diputados, pero me temo que con ajustes que no pasan de ser marginales.

No podía faltar en esa orgía de corrección política que se vaporizó en Paris, la reunión de alcaldes de las mayores ciudades, incluido el torpe M.A. Mancera de México DF, que acordaron, bajo la inefable batuta de Michael Bloomberg, el fascista exalcalde de Nueva York que prohibió y reguló productos y servicios a su antojo, a “ir mas allá de sus gobiernos nacionales en combatir el calentamiento global.”

Una ciudad ahogada en sus propias miasmas producto de incontables marchas y plantones, pésimos servicios públicos, ambulantaje invasivo, anarquía urbanística, baches sin fin, y violencia mortífera, todo ello con la complicidad de una autoridad inepta y corrupta que ahora ¡ofrece mitigar y revertir el cambio climático! De risa.

Confieso que tengo la plausible esperanza de que este acuerdo –que a insistencia de Barack Obama no es un Tratado, que hubiera requerido de la aprobación de los congresos nacionales, que en EU no habría ocurrido jamás– corra el mismo destino del Protocolo de Kioto de 1992, que nunca nadie le hizo el menor caso.