En México existe un amplio consenso entre los economistas con respecto al IVA. Defienden que se imponga un IVA generalizado que grave a todos los productos sin excepciones. Bajo su óptica, no solo apuntan que un IVA generalizado reduciría muchas distorsiones fiscales actualmente en vigentes. También señalan que los más pobres serán los más beneficiados. Esto pese a reconocer que los pobres gastan más en alimentos (producto actualmente exento de IVA) en proporción a su ingreso.

¿Cómo es posible que si pagan proporcionalmente más se beneficien de un IVA generalizado? Estos economistas argumentan que aunque los pobres sí pagarán proporcionalmente más con un IVA generalizado, la mayor parte de la nueva recaudación provendría de los más ricos. En efecto, aunque los ricos gasten un porcentaje menor de su ingreso en alimentos gastan más pesos en alimentos que los pobres. Así, continúa la explicación económica, el gobierno podría regresar y con creces (“copeteado”) el dinero que le quitó a los pobres vía transferencias.

Hasta aquí, el argumento parece incuestionable. En un elegante modelo macroeconómico esto funciona de manera maravilla. La actividad económica sufre menores distorsiones y la desigualdad se reduce.

Toda esta explicación asume en buena medida que el gobierno es un planeador central omnisciente y santo. El gobierno sabe qué es lo mejor para nosotros y que además solo busca mejorar nuestras vidas de manera desinteresada. Por supuesto, este ángel sobre la tierra no tendría ningún problema en regresar con un cheque a los más pobres lo que en primera instancia le quitó con el IVA.

En la realidad, por supuesto, los resultados son otros. El gobierno y quienes lo componen distan mucho (muchísimo) de ser omniscientes y ya no digamos de ser santos. El gasto público no se gasta precisamente con eficiencia, eficacia, probidad y transparencia. Así las cosas, podemos esperar, como siempre ocurre, que esos recursos se queden en buena medida en la tubería de la intermediación política y burocrática. Y lo poco que se regrese sea mediante políticas clientelares que los conviertan en fiel ganado electoral del partido en el gobierno.

En palabras más simples: Esta política incrementaría el precio de los alimentos en un 16 por ciento a los más pobres. Éstos tendrían que sentarse a esperar a que el dinero recaudado llegue a ellos a través de SEDESOL o la SEP en forma de mejores sueldos para sus burócratas locales y transferencias que solo benefician a los amigos de éstos, los caciques de la zona o a quienes se sometan a las reglas bizantinas que se diseñaron en la Ciudad de México para acceder al recurso. A veces se necesita ser indígena, o niña, de una microrregión, o de un pueblo mágico, o un lugar determinado aleatoriamente por los doctores en economía que necesitaban un experimento aleatorio… y si tienen suerte recibirán productos de primera necesidad y no una pantalla plana marca Mover a México.

Por supuesto, los economistas que hoy defienden el IVA generalizado son también conscientes del muy mal uso que se hace del recurso público ¿Por qué lo hacen entonces? Habrá que preguntarles a ellos. Pero pareciera que se trata de un ejercicio de mucha falta de realismo. De pensar que una vez que cuente con recursos adicionales, el gobierno (ahora sí) será responsable a la hora de gastarlo.

Bajo mi humilde óptica, la realidad es la opuesta: cuantos más recursos tiene el gobierno, mayor es el derroche que hace con los mismos. La estrategia a seguir debe ser otra.

Mientras el gobierno no demuestre una mayor responsabilidad a la hora de ejercer el gasto, los economistas y la sociedad civil debemos defender que se cierre la llave del recurso público. No se trata solo de rechazar nuevos impuestos sino de eliminar aquellos que hoy causan más daño a los ciudadanos y al desarrollo económico.

Se trata también empezar a hablar de prohibir el endeudamiento de una vez por todas. Restricciones suaves y otros paliativos que hoy se buscan mediante leyes de disciplina financiera no sirven para terminar un problema que hoy ya suma más de 9 billones de pesos.

En definitiva, pongamos primero a dieta forzada al gobierno para que muestre verdaderamente cuáles son sus prioridades. No sigamos alimentando a la bestia para que haga un mal uso de nuestro dinero.