Nuevamente, las expectativas de crecimiento se revisan a la baja. Después de que el año pasado la economía creció 2.5%, para este año las previsiones la sitúan alrededor de ese mismo porcentaje, menor al estimado hace menos de cuatro meses. La notable desaceleración del sector manufacturero en Estados Unidos ha impactado negativamente en las exportaciones hacia ese país; el consumo privado, que fue la principal fuente de crecimiento durante 2015 no se espera mantenga el mismo dinamismo; y, finalmente, la contribución del gasto público al crecimiento es prácticamente nulo (de ahí las declaraciones de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda de que el ajuste fiscal por 132 mil millones de pesos no impactará el crecimiento; cinismo llevado al extremo). Igual la economía crecerá este año menos que el pasado, situándose más cerca del rango inferior del 2 - 3% establecido por el Banco de México.

La dinámica de la población por edades en la que nos encontramos, con un índice de dependencia decreciente (número de personas fuera de la fuerza laboral como son estudiantes y jubilados como porcentaje de las personas en edad de trabajar), lo que se conoce como la ventana de oportunidad demográfica, está por acabarse; nos quedan solo cinco años. A partir del 2021 el índice de dependencia empezará a aumentar y lo hará rápidamente a medida que el porcentaje de la población total de aquellos menores a 15 años se estabiliza mientras que la de aquellos mayores a 65 años aumenta. Es por esta dinámica poblacional que urge destrabar el crecimiento, eliminar todas aquellas barreras que lo están inhibiendo. Destaco algunas.

Primero la corrupción, el impuesto más regresivo que existe  (junto con la inflación) y que impacta negativamente al crecimiento económico. Corrupción al menudeo que le quita recursos a las familias y que podrían haber sido canalizados al consumo; corrupción en las licitaciones de obras públicas y de proveeduría que impactan negativamente en la eficacia del gasto gubernamental; corrupción en el otorgamiento de permisos y licencias que al ser una forma de extorsión sobre el sector privado inhibe la inversión y el crecimiento. Urge combatir la corrupción: México está situado en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción. Y a propósito, ¿usted, estimado lector, ya firmó la iniciativa ciudadana conocida como la Ley3de3?

Segundo, ligado en parte con lo anterior, es la perseverancia de una alta tasa de informalidad laboral: casi 58% de la PEA. La corrupción en el otorgamiento de licencias y permisos inhibe la creación y crecimiento de empresas y empleos en el sector formal de la economía y ello se traduce en unidades de producción muy pequeñas, sin economías a escala, con tecnologías obsoletas y, en consecuencia, de baja productividad. Un lastre al crecimiento económico. Y esto es algo que en el gobierno, en sus tres órdenes, nadie atiende.

Tercero, ligado con lo anterior, es el perverso esquema de seguridad social. Las aportaciones patronales al IMSS actúan como un impuesto a las empresas y al empleo formal, mientras el Seguro Popular es un subsidio a la informalidad. Urge moverse hacia un sistema de seguridad social universal financiado con la recaudación general de impuestos (de ahí la necesidad de homogeneizar el IVA) y reducir significativamente las contribuciones patronales.

Cuarto, un sistema de procuración de justicia en materia mercantil notoriamente ineficiente y corrupto. Que no exista la garantía judicial del cumplimiento de contratos, inhibe la inversión y el crecimiento. Y a nadie parece importarle.

O destrabamos el crecimiento o terminaremos siendo un país de viejos pobres.