Ayer fue una jornada histórica. Como bien lo puso Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, se gestó un nuevo clásico: "ciudadanos contra la corrupción". Ayer fue la jornada nacional para recabar firmas en apoyo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la #Ley3de3, elaborada por Josefina Cortés (ITAM), Max Káiser (IMCO) y José Roldán (CIDE). Es una propuesta de ley ciudadana, muy sólida, para enfrentar el grave cáncer que nos corroe, uno que nos impide alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y, en consecuencia, mayores niveles de bienestar para las familias mexicanas.

La corrupción es, sin duda, el impuesto más gravoso sobre el crecimiento económico y de ahí la importancia de atacarla frontalmente. Existen varios tipos de corrupción que vale la pena resaltar.

El primero, que podríamos denominar como "corrupción al menudeo" incluye figuras como el soborno a un policía de tránsito, el pago a un empleado de la CFE o del servicio de administración municipal para conectarse a la red eléctrica o de agua potable y drenaje, el pago al empleado municipal para que recojan la basura, el pago a un empleado municipal para obtener el permiso de construcción, etcétera. Transparencia Mexicana estimó que en 2014 se dieron 200 millones de este tipo de actos. Es un impuesto regresivo: afecta proporcionalmente más a las familias de menores ingresos y claramente reduce el bienestar familiar.

El segundo es el que se deriva de las altas e ineficientes barreras de entrada a los mercados. Una excesiva, ineficiente y discrecional regulación le permite al burócrata que está a cargo de expedir una licencia o permiso para actuar como buscador de rentas; tiene en sus manos el poder para extorsionar al agente privado. Esto repercute en menores flujos de inversión y mayores precios a los consumidores.

El tercero, es la corrupción que existe en contratos gubernamentales de obras públicas o de proveeduría. El tradicional "moche" al funcionario público para obtener el contrato deriva en obras y abastecimientos más caros y de menor calidad. El consumidor final es quien finalmente absorbe el costo.

El cuarto, ligado al anterior, es el conflicto de intereses ligado a los contratos que el sector público firma con empresas privadas. ¿Cuántos empresarios mexicanos (o extranjeros) han acumulado su riqueza al amparo del poder público?

Quinto, la corrupción imperante en el proceso de procuración y administración de justicia. Policías, ministerios públicos y jueces corruptos atentan en contra de los derechos individuales y, particularmente, referido al poder judicial, no garantizan con imparcialidad los derechos privados de propiedad, no garantizan el cumplimiento de contratos. El resultado es menor eficiencia en la asignación de recursos, menor inversión y menor crecimiento económico.

Sexto, la corrupción de los líderes sindicales, quienes al amparo de una muy deficiente legislación laboral pueden extorsionar a las empresas y a los propios trabajadores que dicen representar. ¿Conoce usted a un líder sindical que sea pobre?

Séptimo, la corrupción en el proceso de ejercer el gasto gubernamental: moches, conflicto de intereses y desvío de recursos son práctica común. Allí están las auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación y no pasa nada.

La corrupción no es cultural como en algún momento señaló el presidente Peña. La corrupción es el resultado de incentivos perversos y de la ausencia de un efectivo sistema de rendición de cuentas, uno en donde los agentes públicos y privados que se beneficien de actos de corrupción enfrenten un castigo.

Y usted, ¿ya firmó la #Ley3de3? Los políticos no son suicidas y esta iniciativa les causa ronchas. ¡Hay que obligarlos!