Con la colaboración de Orlando Otero y Edgar Moreno

La participación de la ciudadanía es esencial para la existencia de la democracia representativa. El activismo y la deliberación por parte de los ciudadanos son actividades que resultan valiosas por sí mismas. Así, la cultura política y el activismo de la sociedad civil, dependen en gran medida de la identificación de los ciudadanos con los ideales democráticos.

En México: lo que todo ciudadano quisiera (no) saber de su patria, que comentamos en este mismo espacio la semana pasada, Dresser y Volpi se suman a esta corriente al depositar su esperanza, ante una oferta política tan pobre como la que tiene el país en la actualidad, en la sociedad civil. Suponen la cultura cívica de una ciudadanía que en el peor de los casos no tiene que ser participativa, pero lo es al menos potencialmente; los individuos esperan resultados del proceso político, lo conocen, se involucran en él y sobre todo, se asumen como agentes de cambio. Sin embargo la vida cívica de una sociedad está definida por variables institucionales que la alientan o inhiben. En el México contemporáneo la apuesta de estos autores tiene límites claros y alcances reducidos.

El apoyo público a la democracia se relaciona con la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas del Estado. El apoyo de la ciudadanía al gobierno varía según se perciban los logros obtenidos; sin embargo, cuando se detectan patrones persistentes que indican que la percepción de las personas es negativa en lo referente a la eficacia y funcionamiento del gobierno, a la integridad y eficiencia de los gobernantes y a la legitimidad de los procesos electorales, se tienen consecuencias que pueden socavar los ideales democráticos.

En México diversos estudios revelan que existe una dicotomía entre los ideales políticos y la efectiva práctica de la política de los ciudadanos. Por una parte la alabanza y orgullo por el sistema político, así como la manifestación de aspiraciones por participar en la vida política del país, por la otra, los ridículamente bajos niveles de actividad política y de participación en asociaciones de afiliación voluntaria e información política.

En un país como el nuestro, acostumbrado por 70 años de tiranía partidista a caudillos y a héroes defensores del progreso, donde el discurso político de los partidos depende de la moda y no de ideales, donde las legisladoras tras un trabajo titánico de retoque de fotografía y modificación de imágenes por computadora, se presentan seductoras en revistas para hombres, el abstencionismo de las personas en los procesos electorales aparece como una consecuencia inevitable.

Las instituciones generan cultura política. En la medida en que las instituciones dan cauce a las demandas ciudadanas, se genera el entendimiento colectivo de la capacidad de influir en los asuntos públicos. Es decir, los individuos que participan con la intención de influir en el proceso político son los que saben que pueden hacerlo, no así aquellos que observan en la estructura institucional un impedimento para ello.

La cultura política de México es la consecuencia natural de sus instituciones: 1) los bajos niveles de confianza interpersonal entre mexicanos, no son sino el producto de un poder judicial ineficaz e ineficiente; 2) la apatía hacia la participación no es sino el efecto de la ausencia de canales institucionales para hacerlo, y; 3) la falta de interés de los ciudadanos en los asuntos públicos sólo ha sido resultado de su poca capacidad de influir en ellos. Los tres elementos se ven alimentados, también, por una institución superior: la no-reelección en todos los cargos de elección popular, que genera una clase política amateur, cuyos intereses no son sujetos a la rendición de cuentas de sus electores.

Las democracias no son estables por tener una ciudadanía participativa, sino por tener instituciones capaces de mantener un vínculo entre las preferencias políticas del electorado y la efectiva instrumentación de políticas públicas. La cultura cívica no es, como muchos dicen, un predictor de calidad y estabilidad democráticas sino un indicador de la eficacia de las instituciones. Solo así puede evitarse que haya actores políticos con la capacidad de poner en riesgo la continuidad democrática.

La sociedad civil, para convertirse en una protagonista de la vida política debe ser capaz de articular demandas claras, objetivos concretos. La pluralidad de la sociedad, sin embargo, dificulta el logro de esos consensos. La apuesta de la sociedad civil debe ser una apuesta política, donde es posible que se articule como un grupo de interés. La sociedad debe luchar por incrementar su posibilidad de influir en los asuntos públicos, más allá de su participación deliberativa, a través de la selección y control de sus gobernantes.