En un artículo publicado la semana pasada en la afamada revista inglesa The Economist titulado "Stop Stealing", en el cual menciona la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, popularmente conocida como la "Ley 3 de 3", se hace un análisis de lo que ha venido sucediendo en fechas recientes en materia de corrupción en varios países de Latinoamérica, destacando Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala. El último párrafo del artículo señala: "Por bloquear acciones en contra de la corrupción, el Sr. Peña no solo se deja ver como un hombre cuyo partido tiene algo que esconder. También se está situando a sí mismo en el lado equivocado de la historia latinoamericana".

Lo acontecido en el Senado de la República en las últimas semanas reafirma lo señalado en el artículo. La oposición del PRI y del PVEM para aprobar la "3 de 3" tal como fue presentada, proponiendo en su lugar una iniciativa muy deslavada deja ver que no existe un serio compromiso, la voluntad política, para ir en contra del cáncer que es la corrupción. Más aún, existe la oposición a reformar el Código Penal Federal para tipificar los diferentes actos de corrupción y establecer las penas correspondientes. Asimismo, también está la oposición para nombrar a un fiscal anticorrupción, que sea realmente independiente, que sea quien investigue y persiga este tipo de actos.

La reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, estableció como fecha límite para aprobar la legislación secundaria en la materia el próximo 28 de mayo. El 30 de abril se clausuró el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y ninguna de las leyes fue aprobada, por lo que es necesario convocar a un periodo extraordinario. Tanto las diversas organizaciones de la sociedad civil que han participado en este proceso como el PAN y el PRD han insistido que tiene que ser ya. Por su parte el líder de la fracción del PRI en el Senado señaló que sería hasta el mes de julio, con lo cual se violentaría abiertamente la Constitución.

Se estima que la corrupción le cuesta a México alrededor del 10% del PIB, un enorme impuesto que impide alcanzar mayores niveles de desarrollo, mayores niveles de bienestar. Es un impuesto regresivo que afecta relativamente más a las familias de menores ingresos, es un impuesto sobre la inversión y en consecuencia sobre el crecimiento económico. Es un impuesto del cual se apropian funcionarios públicos a costa del bienestar de la población. La corrupción es, sin duda, el impuesto más gravoso e inequitativo que existe.

Es un hecho que a México le urge crecer a mayores tasas; 2.5% anual promedio no es suficiente para abatir de manera significativa la incidencia de pobreza y de iniquidad que observamos. Tenemos, en consecuencia, que modificar el arreglo institucional que genere los incentivos que promuevan una mayor inversión y un aumento en la productividad factorial total y un cambio esencial es enfrentar de manera decidida la enorme incidencia de corrupción que observamos en los tres órganos y los tres niveles de gobierno.

La misma revista The Economist señaló en algún momento refiriéndose al gobierno mexicano: "no entienden que no entienden". La sociedad mexicana está harta de la corrupción, del enriquecimiento ilícito de los funcionarios, de los innumerables casos de conflicto de intereses y de nepotismo. Es tiempo de que entiendan.

El presidente y su partido tienen que elegir de qué lado de la historia quieren quedar.