De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda interna del gobierno federal se acerca a los 7.8 billones de pesos y la deuda externa ronda los 160 mil millones de dólares. El coeficiente deuda pública total-PIB se mantiene en alrededor del 50%.

Durante 2014, tan sólo el pago de intereses y comisiones de la deuda representó 6% de los ingresos presupuestarios del sector público federal. De continuar con la tendencia, a finales de 2016 (el año que corre) solamente el pago del servicio de la deuda podría llegar a consumir 10% de los ingresos presupuestarios del país (como antes de llegar Salinas a la presidencia).

En el caso de la deuda externa del gobierno, ésta asciende a 158,580 millones de dólares, y desde diciembre de 2012 ha aumentado en 30.35% (puro choro lo de la austeridad del gobierno peñista). De hecho, la deuda externa del sector público como porcentaje del PIB ha venido experimentando un peligroso crecimiento desde el inicio de la crisis, puesto que en 2008 equivalía a 2.7%, al año siguiente pasó a 9.4% y actualmente se ubica en 12%. Lejos de aquel 26% de 1994, pero preocupa la velocidad con que ha crecido. Algunos especialistas apuntan que de no parar este ritmo de crecimiento el porcentaje deuda externa-PIB se acercaría al 20% al terminar el sexenio, dejándole una verdadera bomba de tiempo al próximo gobierno en 2018.

Por su parte la deuda de las entidades del país se acerca peligrosamente a los 600 mil millones de pesos. En entidades en donde siempre ha gobernado el PRI como Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo (hasta estas últimas elecciones en que perdieron estos estados), los pasivos han crecido en más de 1000% en los últimos 10 años en promedio. En estados como Oaxaca y Zacatecas en donde la izquierda ha gobernado o cogobernado, el alza de los pasivos promedia 1400%. Y qué decir de los municipios, que además de opacidad en sus cuentas cada trienio terminan en su mayoría completamente quebrados. Los nuevos gobiernos que entran a gobernar las entidades del país tendrán como reto el detener el uso irresponsable del gasto público.

¿Por qué le recuerdo estas cifras al lector? Porque en el discurso del actual gobierno se habla de austeridad y en la práctica es pura mentira. Mientras que desde 2012 el gobierno del entonces entrante Peña Nieto subrayaba la importancia de las cuentas en orden, en especial en las finanzas públicas, el gobierno priista actuaba de distinto modo, aumentaba su endeudamiento interno y externo. A su vez la mayoría de los estados venía incrementando peligrosamente su endeudamiento.

El gobierno anuncia recortes, pero aumenta gastos de manera irresponsable en subsidios al sector privado, a la banca de desarrollo, a las mafias de seudo campesinos que viven de la ubre gubernamental, al turismo (si éste es un mercado rentable, ¿para qué asignar montos crecientes de gasto público que sólo se traducirán en más deuda para los contribuyentes?) y a programas sociales de dudosa eficiencia. Y ya para qué hablar de becas y gastos clientelares. De seguir esta tendencia el país afrontará una nueva crisis como la de los años ochentas o la de 1994. 

Ah, pero eso sí, ya la Secretaría de Hacienda está instigando a los estados a regresar al cobro de la tenencia vehicular (impuesto ilegal e inmoral). Le llaman pomposamente “impuesto verde”. Este es otro truco del gobierno; en vez de poner austeridad en sus cuentas y gastos, la decisión es seguir expoliando de manera perversa a los contribuyentes. El llamado de Hacienda es irresponsable porque atenta contra los contribuyentes y no hará nada contra la contaminación. Quieren incentivar la renovación del parque vehicular, pero la tiran por el suelo con este llamado para que los gobers preciosos nuevamente aumenten impuestos disfrazados de verdes y sigan gastando a diestra y siniestra. Primero es el contribuyente y luego el gobierno. Pero lamentablemente en México es al revés. 

Ahí están ya los gobernantes mintiendo y amagando con un impuesto más de los muchos que ya pagamos los mexicanos. Nuevamente vil expoliación del contribuyente mexicano.