Los resultados electorales de la semana pasada muestran dos cosas: el voto ciudadano importa y la ciudadanía está harta de la corrupción y de los malos resultados en la administración pública y marca la oportunidad para hacer cambios profundos.

A raíz del advenimiento de un sistema democrático con la reforma político - electoral de 1996, los gobernadores adquirieron un poder que nunca antes habían tenido, mismo que se nutrió con la enorme cantidad de recursos transferidos a los gobiernos estatales y municipales durante los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón. Esto sin embargo, no se tradujo en muchos estados de la República en avances significativos en el nivel de desarrollo económico y en el bienestar de las familias. Peor aún, así como se democratizó el país, dejando atrás un sistema centralista, también se democratizó la corrupción. Se crearon 32 virreinatos con muchos recursos, sin controles y sin rendición de cuentas.

Y es aquí en donde entra la señal enviada por los ciudadanos en las pasadas elecciones: la gente quiere gobiernos más eficientes y eficaces, además de mayor transparencia en la utilización de recursos públicos y el castigo por actos de corrupción.

En primer lugar, en el Congreso de la Unión tienen que percibir que no le pueden seguir dando largas a las siete leyes que conformarían el Sistema Nacional Anticorrupción, resaltando la creación de un fiscalía y un Tribunal de Justicia Administrativa verdaderamente independientes junto con una precisa tipificación de los actos de corrupción y su correspondiente penalización. Diputados y senadores, y hasta el mismo presidente Peña, tienen que aprovechar la oportunidad y ponerse del lado de la transparencia y la rendición de cuentas y aprobar el paquete legislativo.

En segundo lugar, está la señal enviada de que gobiernos estatales y municipales ineficientes e ineficaces serán castigados en las urnas. En las campañas electorales los candidatos prometen a la ciudadanía "las perlas de la virgen" pero ya en funciones su actuación deja mucho que desear. Uno podría suponer que estaría en el interés de los gobernantes (tanto los gobernadores como los presidentes municipales) ejercer los recursos públicos de tal forma que ello se tradujera en un mayor nivel de desarrollo. Uno también podría suponer que estaría en el interés de esos gobernantes de crear las condiciones institucionales que derivarán en mayor inversión y mayor crecimiento de sus municipios y del estado en su conjunto.

Sin embargo, eso no es lo que observamos. Lo que observamos, por el contrario, es un manejo ineficiente, ineficaz y en muchos casos embarrado de corrupción, de los recursos públicos; un auténtico y escandaloso desperdicio de los recursos. Por otra parte, observamos que tanto a nivel estatal como municipal, la regulación está diseñada para darle a la burocracia el poder para actuar como buscadores de rentas. Infinidad de trámites opacos y sujetos a la discreción de quienes los administran, les permiten extorsionar a los agentes privados y apropiarse en consecuencia de una renta, con un alto costo en el bienestar social al haber una transferencia neta de recursos hacia la burocracia pero también un arreglo que deriva en menor inversión y menor crecimiento. Un juego de suma negativo.

Gobernadores y presidentes municipales tienen que percibir el "mal humor social" y actuar en consecuencia. Se requiere que aumenten la eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos y emprender una profunda desregulación que derive en un marco regulatorio simple, transparente y sin aplicación discrecional.

Tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Lo harán? A mi pesar, junto con el del resto de los mexicanos, no. Son rentistas.