El Instituto Cato y el Instituto Simon Fraser dieron a conocer el informe 2015 sobre la libertad económica en el mundo, que considera a 157 países. El análisis comprende cinco grandes rubros: tamaño del gobierno, sistema jurídico y derechos de propiedad, moneda sana, libertad de comercio internacional y regulación de los mercados.

Los 10 países más libres del mundo fueron Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, Jordania, Irlanda, Canadá y Reino Unido. Por otra parte, los países menos libres fueron Angola, Zimbabue, República Centroafricana, Argelia, Argentina, Siria, Chad, Libia, República del Congo y, el menos libre de todos, Venezuela.

En América Latina los cinco países considerados como los más libres fueron Chile (10), Costa Rica (25), Guatemala (33), Nicaragua (37) y Honduras (49).

¿Y qué de México? De entre los 157 países considerados, se situó en el muy mediocre lugar 93. En las cinco grandes áreas evaluadas los resultados fueron: tamaño de gobierno, lugar 51; sistema jurídico y derechos de propiedad, lugar 115; moneda sana, lugar 91, libertad de comercio internacional, lugar 82; y regulación de los mercados, lugar 78.

En general, somos un país medianamente libre excepto en un área: el sistema jurídico y derechos de propiedad; en ésta, somos uno de los países menos libres del mundo, con una calificación de apenas 4.45/10. Por subíndices, la puntuación asignada fue, independencia judicial: 3.66; imparcialidad de los tribunales: 3.69; protección de los derechos de propiedad: 4.94; integridad del sistema jurídico: 3.33; cumplimiento legal de los contratos: 5.66.

Como he señalado en ocasiones anteriores, el sistema jurídico y la protección de los derechos privados de propiedad son el eslabón más débil del arreglo institucional mexicano y se constituye como un elemento central para explicar el mediocre desempeño de la economía. Una economía en la cual los derechos privados de propiedad no están eficientemente definidos en el marco legal y además no se cuenta con un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que proteja estos derechos y que garantice el cumplimiento de los contratos, será uno que experimente bajas tasas de inversión y de crecimiento económico y, en consecuencia, será también uno que tenga niveles bajos de desarrollo. Esto es, precisamente, lo que observamos en México y, lo más grave, es que  nadie en el gobierno, particularmente al nivel de los gobiernos estatales, parece importarles.

Como está establecido en el artículo 104 constitucional, cuando se presenta un asunto judicial que involucra a dos particulares, éstos serán atendidos en los tribunales estatales los cuales se caracterizan por tener un muy bajo nivel de independencia respecto de los respectivos gobernadores, en sus sentencias no se cuentan con la garantía de que van a ser imparciales y claramente no son ni eficientes ni expeditos. En México, un juicio ejecutivo mercantil con apelación y ejecución de la sentencia tarda en promedio más de cinco años. La incertidumbre jurídica a la que se enfrentan las empresas en nuestro país claramente inhibe la inversión privada, nacional y extranjera, lo que se refleja en menores tasas de crecimiento económico lo que, a su vez, impide abatir la pobreza y alcanzar mayores niveles de desarrollo económico.

En cuanto al área de regulación de los mercados, la calificación global asignada fue de 7.1. Sin embargo hay dos renglones en los cuales el resultado es patético: regulación administrativa: 3.08 y pagos suplementarios, sobornos y favoritismo: 3.84. Somos un país notoriamente corrupto, hecho que también inhibe el crecimiento.

No sorprende que el PIB solo crezca al 2% anual.