Prácticamente todos hemos escuchado sobre la expansión hacia el oeste de la población estadounidense después de la guerra civil. En muchas de las películas de Hollywood, sin ser muy veraces al respecto, nos muestran una etapa en la cual en los pueblos del oeste recién conquistado regía la anarquía, con bandas de pistoleros asolando a la población, robando bancos, destruyendo propiedad privada y asesinando a prácticamente cualquiera que se les pusiera enfrente. En algunas de estas películas podíamos ver al sheriff solamente viendo las diferentes atrocidades que cometían los pistoleros y bandoleros, incapaz de enfrentarlos para hacer cumplir la ley, mientras que en otras películas hasta el mismo alguacil era cómplice y protector de alguno de los pistoleros. Cualquiera que fuera la historia sobre la que versase la película, ésta casi siempre terminaba en un final feliz cuando llegaba al pueblo en cuestión el héroe de la película, alguien tipo John Wayne, a poner el orden. La moraleja era muy clara: el progreso del pueblo solamente se podía dar hasta que llegara alguien con la suficiente fuerza para obligar a que rigiera la ley.

Lo anterior viene a cuento por dos datos recién publicados respecto del Distrito Federal. El primero, es el reporte por parte de la Secretaría de Hacienda en relación a la evolución de la actividad económica por entidad federativa (de hecho, antes de Hacienda, ya nos lo había adelantado Adriana Merchant en exclusiva para Asuntos Capitales, ver: http://www.asuntoscapitales.com/articulos/articulos.asp?id=2&ids=2&idss=16&ida=746) y el segundo el informe de Transparencia Mexicana sobre la incidencia de corrupción en nuestro país. En ambos, el D. F. sale pésimamente parado; en el primero, se reporta que el PIB real de esta entidad se contrajo en 1.7% durante los últimos cuatro años, mientras que en el segundo se nos informa que la entidad federativa en la cual la incidencia de corrupción es la más alta es precisamente el D. F. Estos dos informes se complementan con otros que han salido a la luz con anterioridad que muestran que el D. F. es una de las entidades de la República en la cual existe el mayor número de trámites con los que hay que cumplir para abrir y operar una empresa. Todo esto no es coincidencia. La caída en el nivel de la actividad económica en el D. F. se atribuye a varios elementos, pero no puede soslayarse la importancia de la notoria ineficiencia que caracteriza el arreglo institucional, particularmente en lo que se refiere a la observancia del estado de derecho. Y es en esto último en donde el D. F. se parece mucho a los pueblos del viejo oeste estadounidense: los habitantes de la capital vivimos a merced de la delincuencia, definiendo delincuente como todo aquél que viola la ley, cualquier ley.

Con esta definición de delincuente damos cabida a los homicidas, rateros, asaltantes y defraudadores, pero también abarca a los siguientes: los que se pasan un alto, los que se estacionan en lugares prohibidos, los que tienen su puesto en la calle vendiendo mercancía pirata y/o robada, los que venden alimentos en puestos callejeros, los taxistas piratas, los franeleros que se apropian de los lugares para estacionarse en las calles, los que se apropian de las calles para manifestarse bloqueando el libre tránsito de los demás, los pseudo – estudiantes que destrozan los señalamientos y secuestran camiones para protestar, etcétera. Todos ellos son como los pistoleros del viejo oeste, asolando con sus acciones a la población. Pero el recuento de los delincuentes no termina con ellos; tenemos a aquellos que permiten y solapan a todos los delincuentes mencionados: los policías que piden una mordida por una infracción al reglamento de tránsito, los policías que cohechan a los franeleros para dejarlos trabajar, los trabajadores del servicio de limpia que piden dinero para llevarse la basura, los inspectores del gobierno que van de negocio en negocio extorsionando a los dueños, los burócratas que exigen dinero para otorgar un permiso o una licencia, los funcionarios públicos que exigen un soborno para asignar una obra pública o aquellos que obtienen rentas protegiendo a los vendedores ambulantes y a los taxistas piratas, en resumen, una entidad caracterizada por la corrupción.

Es tal el deterioro institucional del D.F., particularmente durante los últimos nueve años, que no sorprende que mientras el resto del país crece, esta entidad va en abierto retroceso, con un nivel de bienestar de la población cada vez menor. Quién será el John Wayne que salve a la ciudad, porque ya vimos que a los del PRD fortalecer el estado de derecho es lo que menos les interesa.