Es un hecho, la economía mexicana crecerá durante este sexenio a una tasa promedio cercana al 2%, muy por debajo de las expectativas generadas por el gobierno. Las reformas estructurales que se promulgaron aún no han impactado positivamente el crecimiento, a lo cual hay que añadir un entorno internacional caracterizado por su debilidad. No me cabe la menor duda que el presidente Peña pasará a la historia por haber logrado impulsar estas reformas, pero aún faltan varias más. Y a ellas tiene que abocarse en el último trienio de su gobierno. Señalo cinco.

La primera es la consolidación fiscal. Es urgente un fortalecimiento estructural de las finanzas públicas tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. Durante los primeros cuatro años, el gobierno se embarcó en una política fiscal expansiva que no ha tenido algún impacto positivo sobre el crecimiento sino al contrario, es decir la contribución neta del gasto público ha sido negativa. Ya no es el "momento político" de homogeneizar el IVA (lo deseable y eficiente) por lo que el único camino que queda es una reducción significativa del gasto corriente, eliminando de tajo todos aquellos rubros que tienen rentabilidad social negativa y destinar los recursos a proyectos de inversión pública socialmente rentable. Es indispensable alcanzar durante los siguientes dos años, y después también, un superávit primario de las finanzas públicas. El gobierno no se puede seguir endeudando para pagar intereses; es insostenible e irresponsable.

La segunda, es instrumentar rápida y eficazmente el Sistema Nacional Anticorrupción. Es indispensable que el presidente envíe ya al Senado el candidato para ocupar el puesto de Secretario de la Función Pública así como el del fiscal anticorrupción.  La corrupción es un impuesto enorme que inhibe gravemente el crecimiento y hay que enfrentarla frontalmente. Y a propósito, habemos muchos mexicanos honestos que le podríamos lanzar la "primer piedra".

El tercero, es urgente combatir la inseguridad pública. Los mexicanos cada día  estamos sujetos a una mayor criminalidad y con una percepción cada vez mayor de que nuestra vida, nuestra propiedad están en juego. No solo se trata del crimen organizado, sino de delitos del fuero común. Como Jefe de Estado y de gobierno, tiene que atender este flagelo. La inseguridad a la que nos enfrentamos cuesta y mucho, medido en inversión no realizada, cierre de empresas, empleo no creado y crecimiento.

El cuarto, un asunto ignorado por décadas pero crucial para lograr mayores tasas de crecimiento económico, es el papel del poder judicial en el cumplimiento de los contratos.   Se requiere una profunda reforma de los poderes judiciales estatales para eliminar la enorme corrupción e ineficiencia existente. Más aún, se requiere pasar al Poder Judicial de la Federación todos los juicios de carácter mercantil, por lo que se requiere de una modificación del artículo 104 constitucional.

Quinto, aunque no es de su competencia directa, el presidente Peña tiene que convencer a los gobernadores de la importancia de una significativa mejora de la regulación de los mercados. Los costos regulatorios son enormes, lo que inhibe la creación y expansión de las empresas y la creación de empleos formales, además decaer una de las principales fuentes de la corrupción. No podemos desarrollarnos si se persiste en mantener inalterado un sistema de extracción de rentas.

Quedan dos años de gobierno y todavía hay mucho que hacer. Hay que ponerse las pilas y no nada más nadar como muertito.