El gobierno junto con el sector empresarial, tienen que diseñar una estrategia para enfrentar las amenazas que el presidente electo Donald Trump ha hecho sobre México: renegociar y en el extremo repudiar el TLCAN, gravar las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, deportar a inmigrantes ilegales, gravar y en el extremo confiscar las remesas y su "magnífico y bello" muro en la frontera. Las amenazas son creíbles y pensar que ya como presidente en funciones se va a situar en la realidad es una ilusión, aunque no todo lo que prometió durante su campaña lo pueda instrumentar dados los contrapesos  en el Congreso y la Suprema Corte, así como las restricciones que impone el propio marco legal nacional y los diferentes tratados internacionales. Son tres las graves amenazas: el TLCAN, la deportación y las remesas.

Respecto del tratado de libre comercio, tanto el gobierno como el sector empresarial tienen que, en conjunto con sus contrapartes canadienses, diseñar una estrategia de negociación. Abrir todo el tratado a renegociación implica matarlo. Es indispensable hacerle ver al futuro gobierno estadounidense que se puede actualizar y modernizar con acuerdos paralelos. La Cámara Americana de Comercio tiene un papel crucial que jugar, en particular resaltar que a pesar de una política comercial proteccionista frente a México, serían muy pocos los empleos que recuperaría el sector manufacturero estadounidense, sobre todo porque la pérdida de empleos en ese sector ha sido resultado, principalmente, del avance tecnológico e inclusive podría tener el efecto contrario: acelerar la robotización.

En cuanto a la expulsión de inmigrantes, sea directamente por actos del gobierno o a través de una auto - deportación inducida por el maltrato y la discriminación, es claro que con el arreglo regulatorio actual no hay forma de que el mercado laboral los pueda absorber. El gobierno mexicano tiene que diseñar, desde ya, cómo reducir los costos regulatorios en los tres órdenes de gobierno que impiden la creación y el crecimiento de las empresas, incluidos los impuestos implícitos al empleo formal que se derivan del marco institucional en materia de seguridad social.

Finalmente, si el gobierno estadounidense decide gravar las remesas o en el extremo incautarlas (suponiendo que legalmente lo pudiese hacer), sería un golpe brutal para miles de familias más pobres del país que dependen de ellas, con el consecuente efecto deprimente sobre el consumo y el crecimiento. ¿Qué hacer al respecto? Desregular y hacer que los mercados internos de bienes, servicios y factores de la producción operen en condiciones de competencia.

Tres puntos adicionales. Primero, el gobierno mexicano tiene que cuidar las finanzas públicas. En el entorno actual y el previsible "efecto Trump", es indispensable alcanzar un superávit primario. Nos enfrentamos a un escenario adverso y lo peor que nos puede pasar es que nos quiten el grado de inversión sobre la deuda gubernamental ya que ello implicaría una fuerte salida de capitales, mayor depreciación del tipo de cambio, mayor inflación y menor crecimiento.

Segundo, el gobierno no puede seguir a paso de tortuga (en el mejor de los casos) en materia de combate a la corrupción. La corrupción es un juego de suma negativo y cuesta mucho en términos de inversión, crecimiento y bienestar. Lo que hemos observado en el Senado respecto del fiscal anticorrupción deja un mal sabor de boca.

Tercero, la impunidad en la comisión de delitos es inaceptable, como también lo es la poca garantía judicial del cumplimiento de contratos. Este es el eslabón más débil del arreglo institucional y urge atenderlo.

Como bien lo puso The Economist, "Tan cerca de Donald Trump y tan lejos de un buen gobierno". Pónganse las pilas, ¡ya!