El combate gubernamental a las drogas (mismo que puede darse por el lado de la oferta y/o por el frente de la demanda), debe analizarse desde la perspectiva de la justicia (¿se respetan los derechos de las personas?) y de la eficacia (¿se logran los resultados deseados?). Desde estas perspectivas, el combate gubernamental contra las drogas, ¿es justo?, ¿es eficaz? Comienzo por la justicia.

La justicia, según la clásica definición de Ulpiano, es la voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual, de tal manera que la justicia consiste en el respeto a los derechos de los demás, derechos que de entrada son los tres naturales, con los que la persona es concebida: a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada, debiendo tener clara la relación entre los dos últimos. El derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, con una sola condición: que al hacerlo no se violen derechos (¡que realmente lo sean!) de terceros. El derecho a la propiedad privada es derecho a la libertad individual.

Las tareas esenciales del gobierno (aquellas sin las cuales deja de ser gobierno), son: 1) prohibir que se violen los derechos de las personas; 2) prevenir, hasta donde resulte posible, que se violen y, si la prevención resultó ineficaz, 3) castigar al delincuente y obligarlo a que, de ser posible, resarza  a la víctima.

La persona que se droga, ¿viola derechos de terceros?, ¿comete injusticias? No, razón por la cual la prohibición del consumo de drogas, y el castigo al drogadicto, son medidas injustas, que violan la libertad individual y la propiedad privada. Drogarse es un vicio, pero no un delito, de la misma manera que la producción, distribución, oferta y venta de drogas son actividades éticamente cuestionables, pero no delictivas por su propia naturaleza, razón por la cual no deben prohibirse. Y sin embargo, se prohíben.

Continuará.