LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2017
Constitución y economía, la amenaza latente (I)

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El punto sobre la i
“El dinero en efectivo es una garantía de libertad individual, por su eficiencia, versatilidad, irrastreabilidad y anonimato.”
Víctor H. Becerra


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“El fin de la Constitución debe ser salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a las posibles violaciones de ese gobierno.”


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), acaba de cumplir 100 años, y en muchos aspectos, sobre todo los relacionados con las actividades de los agentes económicos que operan como tales en México, ya sean mexicanos o extranjeros, resulta una amenaza latente contra la libertad individual y la propiedad privada, peligro oculto que no fue conjurado con las más recientes reformas constitucionales (las del 2013), que hicieron posible las reformas estructurales de Peña Nieto: la laboral (que se cocinó durante el sexenio de Calderón pero entró en vigor en el sexenio peñista), la de competencia, la de telecomunicaciones, la financiera, la energética, y la contrarreforma, antireforma, noreforma, fiscal, amenaza latente que encontramos, ante todo, en el capítulo económico de la CPEUM, artículos 25 al 28, con algo del quinto, con algo del 123.

Antes de entrar en materia vale la pena tener claro cuál debe ser el fin de una constitución política. Así como la ley debe tener como fin defender los derechos de los ciudadanos frente a las posibles violaciones de los mismos ciudadanos, para lo cual se necesita de un gobierno, así el fin de la Constitución debe ser salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a las posibles violaciones de ese gobierno, indispensable para que defienda sus derechos. El fin de la Constitución debe ser imponer límites a la acción gubernamental, misma que debe limitarse a las legítimas tareas del gobierno, algo que, por lo menos, hoy raramente sucede (y buen ejemplo de ello fue, en su momento, el Proyecto de Constitución Política para la Ciudad de México).

Una constitución política debe imponer límites al poder gubernamental, que en esencia es el poder para prohibir, obligar y castigar a los ciudadanos, para eliminar o limitar la libertad individual y la propiedad privada (véase el caso de Trump), poder que, en manos poco escrupulosas, como tienden a serlo las de los políticos y gobernantes, degenera en tiranía. A ella le abre las puertas el  capítulo económico de la CPEUM.

Continuará.

• Liberalismo • Constitución

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