La economía creció el año pasado 2.3%, prácticamente igual que el promedio de las últimas tres décadas, nada sorprendente dada la debilidad institucional que nos caracteriza. Peor aún, para este año se espera una tasa de crecimiento todavía más baja (el Fondo Monetario Internacional proyecta 1.7%), derivada de un menor dinamismo tanto del mercado interno como de la economía mundial. Frente a esta última, poco podemos hacer pero internamente hay muchos aspectos sobre los cuales trabajar para alcanzar mayores tasas. Destaco cinco que van el sentido de alinear los incentivos que se derivan del propio arreglo institucional con el objetivo de mayor crecimiento.

Primero, el combate frontal a la corrupción. En el índice elaborado por Transparencia Internacional, México se sitúa en el lugar 123 de 176 países evaluados. Además de ser una vergüenza, el costo económico de la corrupción es enorme. Es un juego de suma negativo que inhibe significativamente el crecimiento. Al respecto, aunque se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, en la práctica nada se ha hecho para abatir este cáncer que tanto daño nos genera. Basta ver la reticencia, si no es que irresponsabilidad del Senado de la República para aprobar el fiscal anticorrupción.

Segundo, siguen imperando enormes trabas burocráticas, sobre todo al nivel de los gobiernos estatales y municipales, que imponen altas barreras regulatorias a la inversión y a la creación de empleos, además de ser una de las más importantes fuentes de corrupción. Los burócratas encargados de administrar estas regulaciones actúan como buscadores de rentas, utilizando su poder público con fines personales, lo que les permite extorsionar a los agentes económicos privados. Mientras siga imperando tal arreglo institucional, como sucede en la mayor parte de los gobiernos subnacionales, difícilmente habrá mayores tasas de inversión privada y de crecimiento económico.

Tercero, elemento que destaca como el eslabón más débil del arreglo institucional en prácticamente todos los estudios que comparan países, es la incertidumbre jurídica del cumplimiento de los contratos, hecho que inhibe la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Por disposición constitucional (artículo 104), prácticamente todos los litigios en materia mercantil son atendidos en los tribunales estatales, los cuales se caracterizan por ser muy ineficientes y en muchos casos, plagados de corrupción. No tener un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito es sin duda una de las principales causas del mediocre desempeño de la economía y al respecto, nada se hace.

Cuarto, el arreglo institucional en materia de seguridad social genera incentivos perversos sobre la inversión, la creación y crecimiento de las empresas, la creación de empleos y el crecimiento. Por una parte, las cuotas patronales al IMSS actúan como un impuesto al empleo formal mientras que, por otra parte, el Seguro Popular resulta ser un subsidio al empleo informal. Es por lo tanto indispensable transitar hacia un esquema de seguridad social universal financiado con la recaudación general de impuestos, reduciendo simultáneamente las aportaciones patronales al sistema.

Quinto, los sistemas de distribución de bienes, desde su producción hasta su adquisición por parte de los consumidores, son notoriamente ineficientes y costosos, caracterizados por un gran número de intermediarios y, en muchos casos, operando bajo condiciones monopólicas. Todo ello deriva en mayores precios, un menor poder adquisitivo del ingreso y menor fortaleza del mercado interno. Habría una enorme ganancia en bienestar y crecimiento con sistemas de distribución más eficientes.

Crecer a mayores tasas requiere un arreglo institucional más eficiente y sobre los elementos señalados arriba (y muchos más) hay que actuar.